Un hombre contagiado de coronavirus fue detenido por la policía israelí en la ciudad de Bersheva, en el sur del país, tras haber huido de un hospital situado en el norte de Israel.
El gobierno en funciones israelí aprobó la madrugada del martes y sin esperar la autorización del Parlamento ampliar el uso de tecnología avanzada para controlar a contagiados por el coronavirus y posibles infectados, en una polémica decisión que afecta al derecho a la privacidad.
Esto a la par de que la policía difundía imágenes del arresto de un hombre contagiado de coronavirus en la ciudad de Bersheva, en el sur del país, tras haber huido de un hospital situado en el norte de Israel.
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La regulación -anunciada hace pocos días por el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu- permite que la Policía y el servicio de seguridad interior, Shin Bet, usen herramientas destinadas al antiterrorismo para rastrear los teléfonos móviles de posibles contagiados y de quienes dieron positivo por COVID-19 para contener su propagación.
Las cifras oficiales en Israel son de más de tres centenares de infectados, pero fuentes sanitarias indican que se debe a la falta de realización de test y que la cifra real podrían ser varios miles. Pese a la escasa afectación, el país ha tomado estrictas medidas para frenar la pandemia, lo que ha bloqueado parcialmente su vida cotidiana y económica.
Pero la aprobación del uso de herramientas de espionaje ha recibido duras críticas de defensores de las libertades civiles, a pesar de contar con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado.
La monitorización se podrá ejercer sin necesidad de tener una orden judicial y dejará revisar a través de la posición de los móviles la actividad de los infectados hasta quince días antes de ser diagnosticados.
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También permitirá recabar datos telefónicos que serán usados para notificar a los ciudadanos si han estado en contacto con alguien infectado y podría emplearse para hacer cumplir la cuarentena de los que están aislados, informó el diario Haaretz.
Inicialmente, el Gobierno había previsto la eliminación de los datos personales en treinta días, pero finalmente se decidió que estos se borrarán solo cuando expiren las medidas de urgencia, que se podrían extender según la evolución del virus, y que Sanidad podrá guardarlos dos meses más para sus propias consultas internas.
Su aprobación unilateral de emergencia, sin la validez previa del Comité Parlamentario de Asuntos Exteriores y Defensa, que estaba estudiando la cuestión desde ayer, fue calificada este martes de "toma de poder" por parte del presidente de esta comisión, el diputado centrista Gabi Ashkenazi.
El líder de Azul y Blanco, Beny Gantz, que recibió ayer el encargo de formar gobierno, reconoció en Twitter qu “tiempos excepcionales requieren medidas excepcionales, desafortunadamente", pero advirtió que "no podemos renunciar a la transparencia y la supervisión" e insistió en que la decisión sea refrendada por el Parlamento y el comité de seguimiento del coronavirus.
