CIUDAD DE MÉXICO — El alcalde de Iguala cuando 43 estudiantes desaparecieron en esa ciudad del sur de México en 2014 y uno de los principales acusados del caso que conmocionó al país y al mundo fue exonerado por la justicia del secuestro de los jóvenes, informó el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.
José Luis Abarca, quien seguirá en prisión por otros delitos, es considerado uno de los principales responsables de la desaparición de los alumnos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa porque fueron policías locales de su ayuntamiento algunos de los que iniciaron el ataque contra los estudiantes.
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El exalcalde ya había sido exonerado en primera instancia por falta de pruebas porque muchas quedaron excluidas por haberse conseguido bajo tortura y otras irregularidades, pero esa decisión fue apelada.
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La sentencia actual ratificó la absolución, aunque no se han hecho públicos los motivos.
El Centro Prodh, la organización que representa a las familias de los estudiantes, indicó a The Associated Press en un breve mensaje que más de una docena de policías locales fueron exonerados con Abarca pero eludió hacer comentarios sobre la sentencia hasta no analizarla a fondo.
Las numerosas irregularidades registradas en la investigación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), hicieron que muchas acusaciones se cayeran por violaciones al debido proceso y que algunos de los implicados quedarán libres.
El involucrado de mayor rango que está en prisión es el entonces procurador general Jesús Murillo Karam, que está siendo procesado por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia al ser considerado por la actual fiscalía como quien inventó la versión oficial del anterior gobierno para encubrir la verdad.
Abarca también fue absuelto este mes del delito de delincuencia organizada porque el juez consideró que no se demostró su pertenencia al grupo Guerreros Unidos, la organización criminal que participó en la desaparición.
Sin embargo, ese mismo magistrado lo sentenció a 92 años de cárcel por varios secuestros agravados cometidos antes de la desaparición de los estudiantes.
A pesar del simbolismo de la exoneración de Abarca y de otros involucrados clave, el presidente López Obrador indicó que el pronunciamiento del tribunal “no afecta” al esclarecimiento del caso “porque nosotros continuamos con la investigación y no vamos a incumplir el compromiso que tenemos” de llegar a la verdad, dijo durante su conferencia matutina.
Los expertos internacionales que colaboran con las pesquisas bajo mandato de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reconocieron que con el actual gobierno se ha avanzado en la investigación pero en marzo denunciaron que el ejército sigue ocultándoles información y evidencias clave sobre el caso.
Los estudiantes fueron capturados en Iguala el 26 de septiembre de 2014 por policías de esa localidad con el apoyo de otras corporaciones de seguridad locales, estatales y federales así como de miembros de un cártel. Luego fueron desaparecidos sin dejar rastro.
El móvil sigue sin estar claro, pero se ha afianzado la idea de que estaría vinculado con el tráfico de heroína que realizaba el grupo criminal en colusión con autoridades locales y presuntamente también con militares, según información que autoridades estadounidenses aportaron al caso.
Todavía se desconoce el destino final de los jóvenes que la administración de López Obrador calificó de crimen de Estado. Sólo se han recuperado pequeños restos óseos de tres de los alumnos.
