Los legisladores de la Cámara y el Senado de Massachusetts aprobaron un proyecto de ley destinado a prohibir la “pornografía de venganza” y lo enviaron a la gobernadora demócrata Maura Healey, una medida que, según sus defensores, se debía desde hace mucho tiempo.
Si Healey lo firma, el proyecto de ley, que prohíbe compartir imágenes o videos explícitos sin el consentimiento de quienes aparecen en los videos, dejaría a Carolina del Sur como el único estado que no tiene una ley que prohíba específicamente la pornografía de venganza.
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Sus partidarios dicen que el proyecto de ley, que llegó al escritorio de Healey el jueves, alinearía a Massachusetts con los otros 48 estados que tienen prohibiciones claras sobre la difusión de imágenes y videos sexualmente explícitos sin el consentimiento del sujeto. Es una forma de abuso que, según sus defensores, se ha vuelto cada vez más común en la era digital, sometiendo a las personas a daños sociales y emocionales a menudo infligidos por exparejas románticas.
El proyecto de ley convertiría en acoso penal la difusión de fotografías de otra persona desnuda o parcialmente desnuda sin su permiso. Los infractores se enfrentarían a hasta dos años y medio de prisión y una multa de $10,000. En delitos posteriores, la pena aumentaría hasta 10 años de prisión y una multa de $15,000.
“La vida de ninguna persona debería caer en el caos porque se compartió una foto privada sin su permiso, y ninguna persona debería temer la coerción o ser amenazada con compartir dicha foto”, dijo la presidenta del Senado, Karen Spilka.
El proyecto de ley establece explícitamente que, aunque una persona pueda dar su consentimiento para la creación inicial de una imagen o video explícito, eso no significa que también esté de acuerdo en que se pueda distribuir sin su consentimiento adicional en el futuro.
La llegada de la inteligencia artificial y la tecnología deepfake en la creación del porno de venganza ha aumentado las preocupaciones de los legisladores. Los partidarios dijeron que el proyecto de ley abre la puerta a una legislación que aborde aún más las implicaciones de la tecnología emergente.
Karissa Hand, asistente de Healey, dijo que el gobernador, quien anteriormente fue fiscal general del estado, “ha apoyado durante mucho tiempo la legislación para prohibir la pornografía de venganza y responsabilizar a aquellos que se involucrarían en comportamientos abusivos, coercitivos y profundamente dañinos” y espera revisar cualquier legislación que llegue a su escritorio.
La legislación establece una definición de control coercitivo para dar cuenta de formas no físicas de abuso, como el aislamiento, amenazar con dañar a un miembro de la familia o una mascota, controlar o monitorear actividades, dañar la propiedad, publicar información confidencial y acciones legales repetidas.
Sus defensores describen el control coercitivo como un patrón de comportamiento deliberado por parte de un abusador que restringe sustancialmente la seguridad y autonomía de otra persona.
Al ampliar el plazo de prescripción de los cargos de violencia doméstica a 15 años, el proyecto de ley también daría a los supervivientes un tiempo más largo para buscar justicia.
Según la ley actual, los menores que poseen, compran o comparten fotografías explícitas de ellos mismos o de otros menores son acusados de violar las leyes de imágenes de abuso sexual infantil y deben registrarse como delincuentes sexuales.
En cambio, el proyecto de ley requeriría que el fiscal general del estado desarrolle un programa de desvío educativo para proporcionar a los adolescentes que participan en pornografía de venganza información sobre las consecuencias y los efectos que alteran la vida causados por participar en ese comportamiento.
Los fiscales de distrito todavía tendrían la autoridad para solicitar al tribunal que presente cargos penales en casos extremos.
Jane Doe Inc., la Coalición de Massachusetts contra la agresión sexual y la violencia doméstica, calificó la aprobación del proyecto de ley en la Legislatura como “un hito para los sobrevivientes en Massachusetts”.
"El intercambio no consensuado de imágenes íntimas afecta a miles de personas en Massachusetts cada año y aumenta la probabilidad de que un individuo sufra más daños sexuales", dijo el grupo en una declaración escrita.
"Este proyecto de ley adopta un enfoque reflexivo para abordar el problema, que equilibra fuertes protecciones para los sobrevivientes con el reconocimiento de que las personas más jóvenes que causan este daño a menudo pueden y deben beneficiarse de la desviación educativa en lugar del enjuiciamiento", añadió el grupo.
