El Tribunal Supremo de Justicia de Massachusetts dijo en una decisión el lunes que permitir que los médicos receten una dosis letal de medicamentos a pacientes mentalmente competentes con enfermedades terminales no está protegido por la constitución estatal.
“Aunque reconocemos la importancia primordial y el profundo significado de todas las decisiones al final de la vida, después de una cuidadosa consideración, concluimos que la Declaración de Derechos de Massachusetts no llega tan lejos como para proteger el suicidio asistido por un médico”, escribió la Corte Judicial Suprema en su decisión.
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“También concluimos que la ley de homicidio involuntario puede prohibir el suicidio asistido por un médico y lo hace sin ofender las protecciones constitucionales”.
Ese foro, aunque señaló la naturaleza delicada del caso, dijo que la decisión final sobre el suicidio asistido por un médico, también conocido como ayuda médica para morir, recae en la Legislatura estatal.
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El tribunal dijo que “cada uno de nosotros es libre de votar y animar a nuestros legisladores a promulgar leyes y elaborar garantías procesales apropiadas, con respecto a una de las únicas experiencias humanas que nos afectará a todos”.
La demanda fue presentada originalmente en 2016 por el Dr. Roger Kligler, un médico jubilado con cáncer de próstata en etapa 4 y otro médico que temía ser procesado por cargos de homicidio involuntario si recetaba medicamentos para el final de la vida a pacientes con enfermedades terminales.
“La gente va a morir sufriendo por esta decisión”, dijo Kligler, de 70 años, en una entrevista telefónica desde su casa en Cape Cod.
Kligler, quien dijo que "no está bien" y que sufre "dolor crónico", se comprometió a seguir luchando mientras pueda.
“Seguiré instando a los legisladores a que respeten la autonomía corporal de los residentes moribundos de Massachusetts al aprobar la ley de opciones para el final de la vida”, dijo. Las medidas legislativas para legalizar el suicidio médicamente asistido han fracasado en los últimos años.
La Oficina de la Fiscal General, Maura Healey, que defendió el caso en nombre del estado, también dijo que la Legislatura es el mejor lugar para abordar el problema.
“Nuestra oficina comprende las complejidades de la atención al final de la vida”, dijo la portavoz del fiscal general Jillian Fennimore en un comunicado. “Nos complace que la Corte haya afirmado nuestra posición de que la Legislatura es el lugar más apropiado para tener una discusión sobre esta cuestión importante de política. Healey ha dicho que apoya la acción legislativa para permitir la ayuda médica para morir, siempre que incluya suficientes garantías tanto para los pacientes como para los proveedores”.
La ayuda médica para morir está permitida en 10 estados y en Washington D.C., según el grupo de defensa Compassion and Choices.
