El Senado de Massachusetts aprobó el martes por la noche un plan que inyecta 250 millones de dólares más al sistema de refugios de emergencia del estado, dejando una ventana de apenas 30 horas para que los demócratas de la Cámara y el Senado resuelvan sus diferencias antes de que los legisladores se vayan de vacaciones.
Los senadores votaron 36-3 para aprobar un proyecto de ley de gastos de aproximadamente $2.8 mil millones que, además de destinar más fondos a la crisis de alojamiento de emergencia, también cerraría los libros financieros del estado para el año fiscal 2023, programaría las próximas primarias para el 3 de septiembre de 2024 y eliminaría barreras a la construcción de un estadio de fútbol profesional en Everett.
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Hay consenso en ambas ramas sobre la mayor parte del gasto, incluidos alrededor de $2.1 mil millones para MassHealth, cientos de millones de dólares para convenios colectivos y $75 millones para apoyar a los distritos escolares cargados con un aumento en los costos de educación especial.
Pero los demócratas de la Cámara y el Senado tienen visiones diferentes sobre cómo debería responder el estado a un aumento sin precedentes de la demanda del sistema de refugios de asistencia de emergencia, en gran parte involucrando a inmigrantes que llegaron recientemente a Estados Unidos.
La Cámara quiere dictar específicamente a dónde se destinarán los fondos y obligar a la administración Healey a crear al menos un "sitio de desbordamiento" como respaldo para las familias en lista de espera, o eliminar un límite en la capacidad de los refugios, mientras que el proyecto de ley del Senado permitiría a la Gobernadora Maura Healey y su equipo continuar tomando casi todas las decisiones.
Ahora, meses después de que Healey solicitara por primera vez una inyección de 250 millones de dólares al sistema, los demócratas de la Cámara y el Senado parecen dirigirse una vez más a un territorio familiar: trabajar fuera de la vista del público para estar en sintonía antes de que llegue una fecha límite inminente.
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Las normas legislativas exigen que este año no se celebren sesiones formales después del miércoles. A partir del jueves, los legisladores pasarán a un período de siete semanas de trabajo ligero sin votaciones nominales. La oposición del Partido Republicano a los proyectos de ley en ambas ramas apunta a la necesidad de un compromiso rápido o los demócratas corren el riesgo de dejar asuntos importantes en la incertidumbre de las sesiones informales cuando una sola objeción puede paralizar el progreso de cualquier proyecto de ley.
Si los demócratas no logran llegar a un acuerdo sobre las condiciones impuestas a la financiación de los refugios de emergencia antes de la pausa, corren el riesgo de no poder hacer llegar la medida a Healey hasta enero, el mismo mes en el que la administración estima que se acabarán los fondos existentes para los refugios.
No quedó inmediatamente claro el martes por la noche si los líderes legislativos convocarían un comité conferencia oficial para abordar las negociaciones a puerta cerrada, o si los presidentes del Comité de Medios y Arbitrios, el representante Aaron Michlewitz y el senador Michael Rodrigues, los arquitectos del plan de cada rama, intentarían llegar a un acuerdo ellos mismos.
El debate en el Senado reveló profundas preocupaciones bipartidistas sobre las perspectivas a largo plazo del sistema de refugios, que ha sido llevado al límite por el aumento de la demanda, y el desacuerdo entre demócratas y republicanos sobre el grado en que los servicios estatales deberían seguir estando disponibles para los recién llegados inmigrantes.
Las deliberaciones sobre la nueva financiación en varias ocasiones desembocaron en debates indirectos sobre cuestiones más amplias de inmigración y vivienda.
Dado que los inmigrantes representan aproximadamente la mitad de las familias en el sistema de refugios de emergencia de Massachusetts, los republicanos presionaron sin éxito para limitar la elegibilidad bajo la ley estatal de derecho a refugio sólo a las personas que han vivido aquí durante al menos seis meses.
Una enmienda presentada por el senador republicano de Sutton, Ryan Fattman, habría eximido a algunas familias, como las víctimas de violencia doméstica y las afectadas por desastres naturales dentro de las fronteras del estado, del requisito de residencia de seis meses.
Fattman señaló que Massachusetts es el único estado que garantiza el acceso a refugios a algunas familias y mujeres embarazadas, y argumentó que no limitar el acceso podría dejar a los habitantes sin acceso a los servicios necesarios. "Este es un programa insostenible y no hay seguridad en nuestra frontera. Si bien no controlamos esa política federal de inmigración, sí controlamos la política de vivienda de emergencia", dijo Fattman. "Esta crisis está bajo nuestro control para marcar la diferencia". "Dedicar continuamente más dinero a un problema sin un final a la vista no es una solución", añadió.
Los demócratas respondieron que limitar quién puede acceder a refugios de emergencia no resolvería los problemas subyacentes de vivienda e inmigración que han llevado la demanda a niveles récord, y sugirieron que bloquear el apoyo a los nuevos inmigrantes iría en contra de los valores estatales.
El senador Jo Comerford de Northampton dijo que la propuesta "se acerca peligrosamente a caracterizar a quienes son dignos y a quienes no merecen un trato humano". "Esta crisis no desaparecerá simplemente negando servicios durante seis meses a los recién llegados", afirmó.
Los senadores votaron 36-3, siguiendo líneas partidistas, para rechazar la enmienda de Fattman. Tanto los demócratas como los republicanos en Massachusetts han estado instando durante meses a la administración Biden a tomar más medidas para acelerar las autorizaciones de trabajo y ofrecer los fondos estatales para mitigar la crisis, y varios senadores aprovecharon la sesión del martes para expresar quejas adicionales sobre la respuesta del gobierno federal.
El senador John Velis de Westfield describió la "disfunción" en la capital del país como "absolutamente repugnante". El líder de la minoría, Bruce Tarr, advirtió que "la caballería no viene". Y el senador Patrick O'Connor mencionó que un senador estadounidense desafió el martes a un líder sindical a una pelea.
"El gobierno federal ha abdicado totalmente de su responsabilidad y se ha alejado", dijo Rodrigues en el pleno del Senado. "Ellos establecen una política de inmigración, nosotros no establecemos una política de inmigración. No se encuentran por ningún lado. Anuncian $100,000 aquí, $1 millón allá, cuando estamos hablando, hasta la fecha, de cerca de $600 millones en este año fiscal que tiene sólo cuatro meses. Todos sabemos y esperamos más de nuestros amigos y colegas en el gobierno de Washington, D.C."
Los legisladores criticaron la disfunción del gobierno federal, pero también dejaron en claro que pedir ayuda federal sigue siendo una parte central del plan del estado mientras navega en aguas inexploradas.
No toda la culpa recayó en el capital de la nación. La senadora Lydia Edwards, copresidenta del Comité de Vivienda que el martes escuchó horas de testimonios sobre los proyectos de ley de control de alquileres, dijo que los formuladores de políticas estatales contribuyeron a la crisis de vivienda al no abordar los altísimos precios de las viviendas.
"La razón por la que estamos llenos es porque fallamos, no el gobierno federal, sino nosotros, nuestra zonificación local, la forma en que elegimos construir o no construir", dijo el demócrata de Boston. "Fracasamos y ahora estamos expuestos de muchas maneras diferentes".
Ambas cámaras tienen agendas bastante completas el miércoles. La Cámara planea abordar un proyecto de ley general de reforma de la industria de cuidados a largo plazo, mientras que el Senado votará sobre la última versión de una propuesta de fijación de precios de medicamentos recetados que no logró obtener el apoyo de la Cámara en dos sesiones anteriores.
Cuando se le preguntó el martes por la tarde sobre las posibilidades de completar un proyecto de ley de gastos final para el miércoles, Rodrigues respondió: "Es mi objetivo".
"El Senado se está preparando para abordar su versión del proyecto de ley hoy con el objetivo de hacerle llegar algo al gobernador, con suerte, para el miércoles, lo que permitirá un tiempo de respuesta rápido", dijo el martes el secretario de Administración y Finanzas, Matthew Gorzkowicz, a la Comisión Asesora de Gobiernos Locales.
El llamado presupuesto de cierre cerraría los libros del estado para el año fiscal 2023, que finalizó el 30 de junio con un déficit de ingresos fiscales, y permitiría al contralor estatal finalizar un informe financiero que ahora ha pasado dos semanas de su fecha límite legal del 31 de octubre.
Además de los $250 millones para el sistema de refugios de emergencia, el proyecto de ley incluye otros $10 millones para ayudar a las agencias de reasentamiento que apoyan a inmigrantes y refugiados.
Al igual que el proyecto de ley de la Cámara, el proyecto del Senado programaría las elecciones primarias estatales del próximo año el 3 de septiembre de 2024, el día después del Día del Trabajo.
La senadora de Needham, Becca Rausch, quien durante mucho tiempo ha sido una crítica abierta del calendario de elecciones primarias existente, presionó sin éxito para cambiar las primarias al segundo martes de junio, argumentando que las fechas de septiembre continúan generando conflictos de programación y reduciendo la participación de los votantes.
"En cada ciclo electoral desde 2012, en cada uno de ellos, esta Legislatura ha tenido que cambiar la fecha de las primarias. En cada ciclo durante más de una década. ¿Cuánta prueba necesitamos?" dijo Rausch en el pleno del Senado. "Estos cambios de fecha se han producido por todo tipo de razones, incluidos conflictos directos con los días santos judíos y el importante elemento de cumplir con las leyes electorales federales. Nuestra ley actual, la que seguimos cambiando, va en detrimento de la democracia".
Nadie habló en oposición a la enmienda de Rausch que cambiaba la fecha de las primarias a junio antes de que el Senado la rechazara mediante votación oral.
Colin A. Young y Sam Doran contribuyeron con el informe.
