Crisis migratoria

Negociadores de políticas de refugio en Massachusetts deliberan a puerta cerrada

Los presidentes de Medios y Arbitrios, el representante Aaron Michlewitz y el senador Michael Rodrigues, liderarán las negociaciones, ya que ambos también trabajan en sus presupuestos para el próximo año fiscal.

Los legisladores comenzaron el lunes negociaciones sobre un proyecto de ley que se espera que eventualmente inyecte cientos de millones de dólares más en el sistema de refugios familiares del estado y establezca límites de tiempo sobre el tiempo que las familias sin hogar pueden permanecer en el sistema.

Los presidentes de Medios y Arbitrios, el representante Aaron Michlewitz y el senador Michael Rodrigues, liderarán las negociaciones, ya que ambos también trabajan en sus presupuestos para el próximo año fiscal.

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Michlewitz, Rodrigues y los representantes Ann-Margaret Ferrante y Todd Smola y los senadores Cynthia Friedman y Patrick O'Connor mantuvieron sus negociaciones abiertas al público durante aproximadamente dos minutos el lunes, antes de votar para iniciar una sesión ejecutiva y cerrar las discusiones a personas externas.

Se espera que sean las familias que duermen en el aeropuerto Logan de Boston y en el albergue de Cambridge, las que tengan prioridad para ocupar este edificio que pertenece a la casa de los soldados.

En sus declaraciones de apertura, ambos presidentes enfatizaron la urgencia de las negociaciones.

"Espero trabajar con todos ustedes para rectificar esto lo más rápido posible. Usted y yo tenemos experiencia en esto", dijo Rodrigues a Michlewitz. "Así que estoy seguro de que lograremos ese objetivo rápidamente".

La versión de la Cámara del proyecto de ley de gasto fiscal 2024 (H 4466 / S 2711) dirige $245 millones hacia el sistema de refugio, mientras que el proyecto de ley del Senado autorizaría a la administración Healey a retirar $863 millones de una cuenta de ahorro estatal llamada fondo de garantía de transición en ambos estados fiscales 2024 y 2025.

Los funcionarios estatales estiman que los fondos ya asignados para el sistema de refugios se acabarán en algún momento de esta primavera.

El proyecto de ley del Senado también exige disposiciones permanentes para la era de la pandemia que permitan ampliar las comidas al aire libre y un programa de enfermería para estudiantes de posgrado, pero a diferencia de la Cámara, no permitiría que los restaurantes siguieran vendiendo bebidas alcohólicas para llevar, una política de la era de la pandemia que expiró a finales de marzo ya que los legisladores no lograron renovarlo antes de esa fecha.

El tiempo máximo de permanencia en un refugio temporal en Massachusetts será máximo nueve meses, podría extenderse tres meses más si la persona está empleada y las mujeres embarazadas o personas con discapacidad podrían permanecer hasta un año.

"Estoy deseando trabajar con ustedes, y con todos ustedes, en este proyecto de ley de presupuesto suplementario, tratando de hacerlo lo más rápido posible. Tenemos algunas piezas obviamente importantes que son de necesidad inmediata. Y sé que compartimos el deseo de que esto llegue al escritorio del gobernador tan pronto como podamos", dijo Michlewitz.

Gran parte del debate girará en torno al uso de los fondos de reserva, que han aumentado desde que una afluencia de dólares federales durante la pandemia y los superávits presupuestarios estatales permitieron a los legisladores guardar cantidades históricas.

Tanto los proyectos de ley de la Cámara como del Senado también buscan limitar el tiempo que una familia puede permanecer en un refugio, una desviación de la política estatal de 40 años de que las familias sin hogar que califican pueden permanecer en viviendas administradas por el estado durante el tiempo necesario para sobrevivir.

Representantes y senadores buscan restringir las estancias a nueve meses. El Senado permitiría a los funcionarios otorgar una o más extensiones de 90 días a los residentes de refugios que cumplan con los criterios, como padres solteros de niños con discapacidades o aquellos que necesitan una extensión para evitar perder su trabajo. La Cámara ofrecería extensiones de tres meses a quienes estén empleados o inscritos en un programa de capacitación laboral, mujeres embarazadas, personas con ciertas discapacidades, veteranos y quienes enfrentan riesgos de violencia doméstica.

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