Los cambios en el sistema de refugios para inmigrantes de Massachusetts deben entrar en vigor este jueves.
A los migrantes y a las familias sin vivienda en los refugios desbordados sólo se les permitirá permanecer cinco días. Sin embargo, esos refugios pueden solicitar una extensión de 30 días.
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Las familias que tendrán prioridad a partir del 1 de agosto son aquellas que no tienen vivienda debido a un desalojo sin culpa, que perdieron su hogar debido a un incidente repentino como una inundación o un incendio, y aquellas que incluyen a un veterano, alguien con necesidades médicas importantes, un niño recién nacido o están en riesgo de sufrir violencia doméstica.
Las familias que no calificarían después del cambio pero que ya están alojadas en centros de relevo temporal mantendrán la prioridad.
La gobernadora Maura Healey dice que el objetivo es reducir la presión sobre el sistema de refugios del estado causada por la afluencia de inmigrantes en la Commonwealth.
“Llevamos meses diciendo que el rápido crecimiento de nuestro sistema de refugios de Asistencia de Emergencia no es sostenible. Massachusetts se ha quedado sin espacio para refugios y simplemente no podemos permitirnos el tamaño actual de este sistema. Nuestra administración ha tomado medidas significativas durante el año pasado para hacer que el sistema sea más sostenible y ayudar a las familias a dejar un refugio por una vivienda estable. Pero como el Congreso sigue sin actuar sobre la reforma migratoria, necesitamos hacer más cambios”, dijo la gobernadora Maura Healey en un comunicado cuando hizo el anuncio.
El año pasado, Healey limitó el número de familias que pueden estar en el sistema de refugios de asistencia de emergencia a alrededor de 7,500, y este año firmó una ley que limita la duración de la estadía en esas instalaciones a nueve meses.
Los costos totales del sistema y los gastos relacionados superaron los mil millones de dólares en el año fiscal 2024, y los funcionarios de la administración estimaron antes de los últimos cambios de elegibilidad que el estado gastaría $915 millones en respuesta a la crisis en el año fiscal 2025.
