Activistas pro inmigrantes esperan que la jueza federal de Boston, Indira Talwani, determine si podrá impedir que el gobierno del Presidente Donald Trump ponga fin al programa conocido como “parole humanitario” que permite a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos vivir temporalmente en Estados Unidos.
La comunidad latina está muy esperanzada y esperan que la jueza bloquee la decisión que pretende finalizar los paroles humanitarios.
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En una corte federal se llevó a cabo la audiencia donde se espera que una jueza bloquee la decisión de la administración Trump de poner fin al programa de parole humanitario que beneficia a más de 500,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Laura Perilla, abogada Justice Action Center, dice que “la jueza indicó que va a emitir un bloqueo en el revocación de parole pero todavía no hizo eso ella necesita escribir su opinión y emitir una orden”.
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“Ella tiene la certeza y conoce la urgencia de este beneficio que terminaría el 24 de abril así que la esperanza nuestra es que ella tome una decisión pronto muy pronto de forma positiva para evitar que que cientos de miles de personas tengan que abandonar el país o quedar bajo la sombra en esta nación”, dijo por su parte Ciro Valiente, activista venezolano.

Este programa, fue implementado durante el gobierno de Joe Biden, y de continuar seguirá brindando alivio temporal a miles de familias que enfrentaban la posibilidad de deportación a partir del 24 de abril.
“Ellos están aquí de forma legal ellos no están de forma ilegal entonces lo que están intentando es quitarle revocarle la legalidad para ponerlos en un proceso de deportación pero hay esperanza de qué se pueda detener”, dijo Valiente.
Grisel Vidal, quien es cubana y se beneficia del parole humanitario se muestra positiva ante este anuncio, “tengo muchas esperanzas de qué se tome una decisión positiva, hay muchas personas que dependen en esta decisión de tener legalidad en este país personas que entraron legalmente al país”
Por su parte, Damaris Rostran, activista nicaragüense en New York y New Jersey expresó su posición sobre el tema, “nosotros recibimos de hecho un grupo de prisioneros políticos que la administración Biden negoció, vinieron con este programa también verdad, y ellos trajeron a sus familiares también con este programa invitados por el gobierno de los Estados Unidos, siguiendo las reglas completamente cumpliendo la ley no quebrantando la ley para nada, entonces que estén haciendo esto ahora, este acto el gobierno pues es una locura”, dijo.
Durante una audiencia sobre el caso, Talwani cuestionó repetidamente el argumento del gobierno para terminar el programa: que tiene el poder de hacerlo y que ya no estaba cumpliendo su propósito. La jueza señaló que los inmigrantes adheridos al programa que están aquí legalmente ahora enfrentan la opción de "huir del país" o quedarse y "arriesgarse a perderlo todo".

"El meollo del problema aquí es que la secretaria, al acortar el período de permiso otorgado a estas personas, debe tener una decisión razonada", señaló Talwani, agregando que la explicación para terminar el programa se basaba en una "lectura incorrecta de la ley".
El mes pasado, el gobierno estadounidense revocó las protecciones legales para cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, preparando el terreno para su posible deportación en 30 días.
Tanto los beneficiarios como activista comunitarios de distintos países están a la espera de que la jueza emita un comunicado con sus conclusiones, la magistrada ha estado analizando el caso desde hace más de dos semanas.
The Associated Press contribuyó a este informe.