Legisladores cuestionan la decisión del Fiscal General de Rhode Island de no presentar cargos criminales en el controversial caso de ILO Group que involucra al Gobernador Dan McKee.
Una investigación de larga data concluyó el martes que el gobernador de Rhode Island “intervino personal y directamente” en la adjudicación de un contrato estatal multimillonario, pero que sus acciones no fueron delictivas.
Los hallazgos de la investigación de la Oficina del Fiscal General y la Policía Estatal de Rhode Island se centraron en la adjudicación de un contrato de consultoría por valor de más de 5 millones de dólares al Grupo ILO.
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La acusación era que el gobernador demócrata Dan McKee dirigió el contrato estatal financiado por el gobierno federal a la empresa a cambio de que una empresa con conexiones políticas, Chiefs of Change, pagara a una empresa de asuntos políticos para que brindara servicios al gobernador. El informe concluyó que ambas acusaciones eran verdaderas según la evidencia y “no pueden ser seriamente cuestionadas”.
Pero la investigación concluyó que las acciones de McKee no violaron las leyes estatales contra el soborno y el financiamiento de campañas.
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“El incumplimiento de las regulaciones de adquisiciones estatales no es en sí mismo un delito penal”, continuó el informe. “Asimismo, que una acción oficial pueda haber sido influenciada o informada por relaciones personales no viola la ley penal estatal. “Al final del día, para presentar un caso criminal de soborno, esta Oficina necesita evidencia clara, más allá de inferencias y suposiciones”.
McKee, que se negó a ser entrevistado como parte de la investigación, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
John Marion, director ejecutivo de Common Cause Rhode Island, dijo que su grupo no estaba de acuerdo con la idea de que McKee no pudiera ser procesado en virtud del Código de Ética del estado.
"Ningún habitante de Rhode Island debería sentirse bien con lo que lee en este informe", dijo Marion en una declaración. "El gobernador y todos los funcionarios electos son administradores de los recursos de los contribuyentes. Es por eso que los contratos estatales deben otorgarse a los proveedores que brinden el mejor servicio a la gente del estado, no a los que tienen conexiones políticas".
