El fiscal general de New Hampshire presentó una demanda civil contra varias cadenas de farmacias, alegando que ayudaron a impulsar la epidemia de opioides en el estado al permitir que llegaran al público más opioides de los que podrían usarse por razones médicas legítimas.
La demanda, que se presentó en el Tribunal Superior de Merrimack el martes, alega que las cadenas farmacéuticas ignoraron las señales de alerta al dispensar los medicamentos. Las señales de alerta podrían incluir "ubicación geográfica distante de los médicos de la farmacia o del cliente, pacientes aparentemente sanos que buscan analgésicos, transacciones en efectivo para estas recetas y otra información importante", dijo un comunicado de prensa de la oficina del AG.
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El estado alega que los acusados en el caso "llenaron y no informaron pedidos que sabían o deberían haber sabido que probablemente se estaban desviando, y no mantuvieron controles efectivos contra el desvío de sus tiendas minoristas de farmacia, lo que provocó que la comunidad sufriera daños previsibles", según el comunicado.
El documento que nombra muchas marcas conocidas, incluidas CVS Pharmacy, Rite Aid Corporation y Walgreens Co. sigue una investigación sobre la supuesta "distribución y despacho excesivos" de opioides recetados en el estado de New Hampshire.
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New Hampshire se ha visto muy afectado por la epidemia nacional de opioides. El Granite State tuvo una tasa de mortalidad por sobredosis de opioides de 26.9 por 100,000 en 2020, según la oficina del fiscal general. Eso se compara con 21.4 muertes por cada 100,000 a nivel nacional.
“La ley requiere que las farmacias sean diligentes en la distribución y dispensación de medicamentos controlados, incluidos los analgésicos altamente adictivos. Estas grandes compañías farmacéuticas no informaron el envío de cantidades sospechosamente grandes a las farmacias minoristas de sus vecindarios o recetas sospechosas a sus clientes”, dijo el Fiscal General John Formella.
"Como distribuidores de medicamentos y operadores de cadenas de farmacias, estas empresas estaban en una posición única para monitorear más de cerca el flujo de estos medicamentos altamente adictivos desde sus tiendas. Al presentar esta demanda, intentamos responsabilizarlos por contribuir a una crisis que ayudaron a crear y que trágicamente condujo a la pérdida de la vida de miles de personas en todo New Hampshire”, agregó.
New Hampshire se unió previamente a un acuerdo nacional con McKesson, Cardinal Health y Amerisource Bergen. El estado está recibiendo alrededor de $115 millones de ese acuerdo durante 18 años. New Hampshire también tiene una queja contra Johnson & Johnson, que irá a juicio en septiembre.
