Las familias inmigrantes de bajos ingresos serían elegibles para recibir beneficios estatales de alimentos y asistencia en efectivo según la legislación discutida el martes que coincide con una oleada de inmigrantes recién llegados a Massachusetts.
Los proyectos de ley presentados por los representantes Antonio Cabral y Judith García y el senador Sal DiDomenico (H135/S76) restaurarían los beneficios públicos que el estado financió anteriormente entre 1997 y 2002, con el objetivo de abordar la inseguridad alimentaria entre los inmigrantes que están legalmente presentes y luchando por cubrir las necesidades cotidianas, testificaron el demócrata de New Bedford y sus defensores en una audiencia el martes. Más de 50 legisladores han firmado las propuestas de la Cámara y el Senado.
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Alexandra Weber, directora de promoción y vicepresidenta senior del Instituto Internacional de Nueva Inglaterra, contó cómo una cliente que buscaba asilo llegó a Estados Unidos para escapar de la violencia y encontrar una vida mejor, pero enfrentó explotación y hambre mientras no era elegible para recibir beneficios públicos.
La aprobación de los proyectos de ley permitiría a las personas vulnerables, incluidos niños y madres, "recibir el apoyo humanitario más básico", dijo Weber al Comité Conjunto sobre Niños, Familias y Personas con Discapacidades.
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"Todos los días vemos el costo humano de nuestras fallidas políticas federales de inmigración y su trato desigual a quienes se encuentran legalmente y buscan seguridad en Estados Unidos", dijo Weber.
El conjunto actual de requisitos de elegibilidad del gobierno federal significa que los inmigrantes de sólo ciertos países, incluidos Cuba y Haití, pueden acceder al Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria y a beneficios de asistencia en efectivo, dijo Patricia Baker, defensora principal de políticas de beneficios en el Instituto de Reforma Legal de Massachusetts.
Pero un volumen menor de personas en Massachusetts con el mismo estatus migratorio provenientes de Venezuela, Nicaragua y Colombia no califican para esos beneficios federales, dijo Baker al comité.
"Este es un loco mosaico de elegibilidad", dijo Baker, quien es miembro de la Coalición 'Feeding Our Neighbors', que se lanzó en enero y representa a 70 organizaciones enfocadas en atención médica, asistencia alimentaria, defensa de inmigrantes y otros recursos comunitarios.
Las propuestas de nutrición y asistencia en efectivo respaldadas por la coalición podrían ayudar a entre 15,000 y 1,.000 personas, dijo Baker al State News Service. California, Illinois, Maine, Montana y Washington ofrecen beneficios financiados por el estado a los inmigrantes, según la coalición.
DiDomenico, en una entrevista con el State News Service, enfatizó que los inmigrantes que son considerados residentes legales y en camino a convertirse en ciudadanos estadounidenses calificarían para los beneficios estatales, mientras el demócrata de Everett reconoció el rechazo que escuchó de sus oponentes que critican al estado por brindar asistencia pública a personas indocumentadas.
DiDomenico dijo que la ayuda ampliada aliviaría la presión sobre las organizaciones comunitarias, como las despensas de alimentos y otros recursos estatales limitados, como el sistema de refugios de emergencia que ahora alberga a miles de inmigrantes.
En ciudades como Everett y Chelsea, el proyecto de ley ayudaría a las personas a pagar una vivienda estable para sus familias, dijo DiDomenico. Como estado de refugio adecuado, Massachusetts debe proporcionar viviendas a las familias sin hogar.
"Si no aprobamos un proyecto de ley como éste y no tenemos más asistencia en sus manos, potencialmente muchas de estas familias podrían terminar en el sistema de refugios de emergencia", dijo DiDomenico al Servicio de Noticias.
La Coalición 'Feeding Our Neighbors' estima que el proyecto de ley costaría $18 millones en su primer año, y la mayor parte de esa cifra estaría vinculada a beneficios alimentarios, dijo Baker. Sin embargo, como lo ve DiDomenico, el costo inicial podría proteger a Massachusetts de gastos más elevados a largo plazo, incluido el empeoramiento de las necesidades de vivienda y atención médica, que podrían representar una carga aún mayor para las comunidades.
La Dra. Claire Cecile Pierre, vicepresidenta de programas de salud comunitaria de Mass General Brigham, dijo que está "desconsolada" por las historias que escucha de colegas sobre niños desnutridos, así como sobre personas que no toman sus medicamentos debido a barreras de costos. En la audiencia, Pierre expresó su apoyo a los proyectos de ley que, según ella, podrían garantizar el acceso a una "nutrición básica" para los inmigrantes.
"He sido testigo personal y profesional de la difícil decisión que toman los inmigrantes entre comida y atención médica", dijo Pierre, quien señaló que la mayoría elige comida para sobrevivir. "Para nuestros pacientes es una existencia dolorosa".
