Una estudiante de la Universidad de Tufts se encuentra detenida en un centro de detención de ICE en Luisiana, y surgen crecientes interrogantes sobre cómo fue detenida y el plazo para su envío fuera del estado.
Un tema importante es si las autoridades federales desafiaron la orden judicial de mantener a Rumeysa Ozturk en Massachusetts, emitida apenas horas después de su arresto el martes por la noche.
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La jueza federal de distrito, Indira Talwani, emitió inicialmente una orden que daba al gobierno hasta el viernes para responder por el motivo de la detención de Ozturk. Talwani también ordenó que Ozturk no fuera trasladada fuera del Distrito de Massachusetts sin un aviso previo de 48 horas.
En respuesta a la orden de una nueva jueza para explicar su reubicación, la Fiscalía de los Estados Unidos parece sugerir que fue trasladada rápidamente antes de que los tribunales intervinieran, afirmando: "…La peticionaria estaba detenida fuera de Massachusetts al momento en que se presentó la petición y se emitió la orden de notificación del tribunal".
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El gobierno indicó en su respuesta del jueves que "establecerá el cronograma" del arresto y traslado de Ozturk desde Massachusetts. El centro donde se encuentra recluida es uno de los nueve en Luisiana que albergan a inmigrantes en espera de procedimientos legales o deportación, según un informe de 2024 publicado en el sitio web de ICE. Está situado a las afueras de un pueblo rural a unos 80 kilómetros al noroeste de Lafayette.
Un video muestra a Ozturk, estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts, originaria de Turquía, gritando mientras agentes vestidos de civil la rodeaban y la sujetaban en una acera de Somerville, justo al lado del campus, antes de llevársela.
La abogada de Ozturk, Mahsa Khanbabai, de Khanbabai Immigration Law, afirmó que mantenía una visa F-1 válida, la cual ya ha sido cancelada.
El martes, un juez federal ordenó que Ozturk no fuera expulsada de Massachusetts sin previo aviso. Sin embargo, según su abogado, no pudieron localizarla durante horas. No quedó claro de inmediato cuándo fue trasladada a Luisiana, si fue antes o después de la orden del juez que bloqueó su expulsión.
Estudiantes de Tufts afirman creer que Ozturk fue blanco de ataques por un artículo que escribió junto con otros tres estudiantes, en el que exigía a la universidad que desinvirtiera en empresas directamente vinculadas a Israel.
El Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado acusando a Ozturk de participar en actividades de apoyo a Hamás, afirmando en parte: «Una visa es un privilegio, no un derecho. Glorificar y apoyar a terroristas que matan a estadounidenses es motivo suficiente para cancelar la emisión de la visa. Esto es cuestión de seguridad». No han aportado ninguna prueba ni explicado cómo Ozturk apoyó al grupo. Muchos discrepan vehementemente.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la administración Trump ha revocado las visas de al menos 300 personas, incluyendo a Ozturk: "Lo hacemos a diario".
"Les dimos una visa para que vengan a estudiar y obtener un título, no para que se conviertan en activistas sociales ni para que destrocen nuestros campus universitarios", declaró Rubio a la prensa durante una escala en Guyana.
“Debemos llamar a lo que le sucedió a Rameysa por lo que es: un secuestro político autorizado por el estado”, declaró un asistente a una manifestación en nombre de Ozturk el miércoles por la noche.
“Creo que lo que vimos con el secuestro de un vecino por parte de un agente federal fue realmente perturbador y puso de manifiesto la crisis que estamos viendo en todo el país. Este ataque nacional contra los inmigrantes, contra las personas de color, contra las personas por sus creencias políticas”, declaró Zac Bears, presidente del Ayuntamiento de Medford.
La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, calificó el arresto de "perturbador".
"Con base en lo que sabemos ahora, es alarmante que el gobierno federal haya decidido emboscarla y detenerla, aparentemente apuntando a una persona respetuosa de la ley debido a sus opiniones políticas", declaró Campbell. "Esto no es seguridad pública, es intimidación que será, y debería ser, objeto de un minucioso escrutinio judicial".
Tanto la universidad como la fiscal general afirman que están trabajando para garantizar que tenga el debido proceso.
La universidad señala que cuenta con un protocolo para notificar al Departamento de Policía de la Universidad de Tufts e informar al operador en caso de que "funcionarios gubernamentales lleguen al campus para una visita sorpresa". Se insta a la población a llamar al 617-627-3030 para denunciar este tipo de incidentes.
The Associated Press contribuyó a este reporte.
