El propietario de una cadena de pizzerías de Boston, sentenciado en octubre a más de ocho años de prisión tras ser declarado culpable de cargos de trabajos forzados, se ha declarado culpable de cargos federales por defraudar a la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos.
Un jurado determinó durante el verano que el propietario de Stash's Pizza, Stavros "Steve" Papantoniadis, de 49 años y de Westwood, maltrató a seis de sus empleados, ya sea obligándolos o tratando de obligarlos a cumplir demandas excesivas mediante abuso físico, amenazas de violencia y daño y deportación.
Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra.
MIRA AQUÍ GRATIS Papantoniadis fue declarado culpable el 7 de junio de tres cargos de trabajos forzados y tres cargos de intento de trabajos forzados.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
SUSCRÍBETE La oficina de la fiscal federal de Massachusetts, Leah Foley, dijo el martes que Papantoniadis se había declarado culpable de una acusación sustitutiva que lo acusaba de un cargo de hacer declaraciones falsas.
Los fiscales federales dijeron que Papantoniadis solicitó un préstamo por desastre por daños económicos a la SBA entre noviembre de 2021 y enero de 2022. Aunque había vendido la sucursal de su cadena en Randolph meses antes, en abril de 2021, afirmó que todavía era su propietario.
"En sus presentaciones ante la SBA, Papantoniadis afirmó falsamente que todavía era propietario y operaba la pizzería en Randolph, e incluso afirmó que entonces tenía 18 empleados en el local", escribió la oficina de Foley en un comunicado de prensa. "Sin embargo, en realidad, Papantoniadis había vendido el negocio varios meses antes de solicitar el préstamo. Basándose en las declaraciones falsas de Papantoniadis, la SBA aprobó el préstamo y le envió a Papantoniadis 499,900 dólares".
Papantoniadis recibió una sentencia de 102 meses de prisión, un año de libertad supervisada y una multa de 35,000 dólares en el caso de trabajo forzoso.
Los fiscales dicen que el cargo de declaración falsa conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250.000 dólares. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará su sentencia en ese caso.
La Fiscalía de los Estados Unidos dijo que el préstamo que solicitó Papantoniadis estaba destinado a "brindar alivio a las pequeñas empresas existentes que sufrieron daños económicos sustanciales durante la pandemia de COVID-19". Señaló que el entonces Fiscal General Merrick Garland estableció el Grupo de Trabajo de Aplicación de la Ley contra el Fraude por COVID-19 en mayo de 2021 "para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia".
