Los grupos pro inmigrantes en Nueva Inglaterra dijeron que la orden ejecutiva del presidente es contraria a los valores estadounidenses de libertad, justicia y oportunidad.
La orden ejecutiva del primer día del presidente Donald Trump que intenta redefinir la ciudadanía por derecho de nacimiento provocó rechazo inmediato de líderes locales y grupos pro inmigrantes en Nueva Inglaterra.
Durante su discurso inaugural, Trump describió políticas específicas sobre las que prometió tomar medidas de inmediato y pasó gran parte del día firmando varias órdenes ejecutivas sobre una amplia gama de temas. Entre ellas estaba la orden que apuntaba a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
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La orden tiene como objetivo establecer una nueva política nacional al establecer que las agencias del gobierno de los EEUU no emitirán a las personas documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense ni aceptarán documentos emitidos por gobiernos o autoridades estatales, locales u otros que pretendan reconocer la ciudadanía estadounidense, bajo ciertas circunstancias.
Según la orden, las circunstancias son cuando la madre de la persona estaba presente ilegalmente en los EEUU y el padre de la persona no era ciudadano estadounidense o residente permanente legal en el momento del nacimiento de la persona, o cuando la presencia de la madre de la persona en los EEUU era legal pero temporal, y el padre de la persona no era ciudadano estadounidense o residente permanente legal en el momento del nacimiento de la persona.
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La orden cita la 14.ª Enmienda de la Constitución de los EEUU que establece: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen". Continúa afirmando que la 14.ª Enmienda "nunca se ha interpretado para extender la ciudadanía universalmente a todos los nacidos en los Estados Unidos" y "siempre ha excluido de la ciudadanía por derecho de nacimiento a las personas que nacieron en los Estados Unidos pero no están 'sujetas a su jurisdicción'".
La orden del 20 de enero está diseñada para aplicarse únicamente a las personas pertinentes nacidas en los EEUU después de 30 días a partir de la fecha de la orden.
Cientos de personas se manifestaron el lunes en Boston en apoyo a los inmigrantes locales y en oposición a las nuevas políticas de Trump. Ya se han presentado demandas que impugnan la orden, incluso en los tribunales federales de New Hampshire y Massachusetts.
Organizaciones pro inmigrantes de Mass. se oponen a la orden ejecutiva de ciudadanía por derecho de nacimiento de Trump
En Massachusetts, Lawyers for Civil Rights, junto con las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes La Colaborativa y el Centro de Trabajadores Brasileños, presentaron una demanda impugnando la constitucionalidad de dicha orden y señalando el daño que causaría a los grupos afectados.
"Negar la ciudadanía a sus hijos nacidos en Estados Unidos socava los ideales de justicia y oportunidad que definen a Estados Unidos. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras nuestros hijos son objeto de persecución y se borran sus derechos y dignidad", escribió Gladys Vega, directora ejecutiva de La Colaborativa.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, sostiene que el presidente no tiene el poder de despojar a una persona de su derecho de ciudadanía por nacimiento y ofrece una interpretación de la 14.ª Enmienda diferente a la que se presentó con la orden ejecutiva.
"El texto sencillo de la Cláusula de Ciudadanía y su historia, confirmada por más de un siglo de precedentes de la Corte Suprema de los Estados Unidos, establecen que otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos, sujetas únicamente a excepciones muy técnicas y raras, como los hijos de diplomáticos extranjeros", se lee en la demanda.
Hace referencia a decisiones anteriores de la Corte Suprema de Estados Unidos, incluida Trop v. Dulles (1958), que describió la privación de la ciudadanía a alguien como “la destrucción total del estatus del individuo en la sociedad organizada” y “es una forma de castigo más primitiva que la tortura”.
La denuncia también señala que la orden se dirigirá a grupos específicos y los afectará.
"Entre los ciudadanos afectados se encuentran los hijos de padres indocumentados, los inmigrantes a los que el gobierno federal ha concedido libertad condicional en el país y aquellos que tienen otros estatus migratorios. Al declarar por decreto que todas estas personas no son ciudadanos y ordenar a las agencias federales que no los traten, dignifiquen ni honren como tales, la orden ejecutiva pretende despojar a los ciudadanos afectados de la ciudadanía y sus privilegios en la conciencia pública y en la práctica", se lee.
Gladys Vega, directora de la Colaborativa dijo a Telemundo Nueva Inglaterra que "es una incertidumbre tremenda, por la sencilla razón que cómo ellos van a dictar el futuro de estos niños, quién le va a dar seguro social, cómo tú te atreves a crear una segunda clase en niños recién nacidos, y violar la orden constitucional creyendo que está bien hacerlo".
ACLU presenta demanda cuestionando la constitucionalidad de la orden ejecutiva sobre derecho de nacimiento
Otra demanda interpuesta en New Hampshire se anunció horas después de que se introdujera la orden ejecutiva en la toma de posesión. Similar a la impugnación de Massachusetts, la demanda interpuesta por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) junto con la ACLU de New Hampshire, la ACLU de Maine, la ACLU de Massachusetts y otros grupos alega que la administración Trump está "burlándose de los dictados de la Constitución, la intención del Congreso y el precedente de larga data de la Corte Suprema".
"Negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos no solo es inconstitucional, sino que también es un repudio imprudente y despiadado de los valores estadounidenses", dijo Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. "La ciudadanía por derecho de nacimiento es parte de lo que hace de Estados Unidos la nación fuerte y dinámica que es. Esta orden busca repetir uno de los errores más graves en la historia estadounidense, al crear una subclase permanente de personas nacidas en Estados Unidos a quienes se les niegan todos los derechos como estadounidenses".
Por su parte, Adriana Lafaille, abogada de ACLU Massachusetts dijo a Telemundo Nueva Inglaterra "estamos acá para luchar con nuestra comunidad para que esta medida ilegal no se pueda concretar".
Fiscales generales de Nueva Inglaterra se suman al desafío de la orden ejecutiva sobre el derecho de nacimiento
Fiscales generales demócratas de Massachusetts, Connecticut, Maine, Rhode Island y Vermont se unieron a otros 13 estados, el Distrito de Columbia y el Condado de San Francisco el martes en otra demanda que impugna la orden ejecutiva.
"El presidente Trump no tiene la autoridad para quitar derechos constitucionales, y lucharemos contra su esfuerzo por anular nuestra Constitución y castigar a los bebés inocentes nacidos en Massachusetts", dijo la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, en un comunicado de prensa.
La fiscal general dijo que su argumento también se centra en la 14ª Enmienda, que fue adoptada en 1868 en respuesta a la histórica decisión Dred Scott, que dictaminó que los descendientes de personas esclavizadas no podían ser ciudadanos estadounidenses a pesar de haber nacido en el país. La enmienda surgió de un esfuerzo por abordar la desigualdad racial otorgando la ciudadanía a esos grupos y a otros nacidos en el país después de la Guerra Civil. El concepto de que esté vinculada al lugar de nacimiento de un niño ha sido respaldado por otras decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos.
La demanda sostiene que la orden es inconstitucional y también señala la cuestión de cómo los estados tendrán que abordar su impacto, citando los "costos dramáticos" en los que incurrirán para realizar modificaciones a sus operaciones y administraciones existentes con este cambio.
Esta demanda fue codirigida por los fiscales generales de Massachusetts, Nueva Jersey y California, a quienes se unieron los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Wisconsin y la ciudad y el condado de San Francisco.
