Un juez federal en Boston sigue considerando si ponerle o no un alto a la eliminación del parole humanitario a medio millón de inmigrantes en el país.
“Estados Unidos tiene la obligación moral de cuidar de sus vecinos”, declaró el pastor Dieufort Fleurissaint, quien también preside la organización Haitian American United Inc.
Fleurissaint forma parte de un grupo de activistas comunitarios que se unieron a defensores de los inmigrantes en un tribunal federal el lunes para pedir al gobierno que cambie de postura.
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Afirman que una notificación del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU en el Registro Federal el mes pasado dejará a más de medio millón de inmigrantes sin estatus migratorio, algunos sin trabajo y otros sin un lugar adonde ir.
“Eso incluye asilo, que incluye estatus de protección, y tarjetas de residencia si se es elegible para visas basadas en empleo”, declaró Ester Sung, directora legal del Centro de Acción por la Justicia. “Estas son cosas que el sistema de inmigración que el Congreso ha establecido permite solicitar, y lo que el gobierno federal ha hecho es decir que no procesará ninguna de estas solicitudes”.
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Sung, junto con Human Rights First, ha estado luchando contra la administración Trump en los tribunales desde febrero.
Buscan convencer a un juez de que la medida del gobierno podría tener consecuencias devastadoras para las personas que han estado en el país bajo ayuda humanitaria durante años.
“Con el paso del tiempo, las personas cuyos períodos de libertad condicional expiren no tendrán otra opción, incluso si son elegibles para otros estatus legales, e incluso si los han solicitado oportunamente, el gobierno ha dicho que no, que no les daremos ninguna opción”, declaró Sung.
El gobierno argumenta que los tribunales no tienen autoridad sobre el asunto y que la decisión queda a discreción del DHS.
La agencia declaró en el Registro Federal: “Estos programas no representan un beneficio público significativo, no son necesarios para reducir los niveles de inmigración ilegal… y son incompatibles con los objetivos de política exterior del gobierno”.
El pastor haitiano abriga la esperanza de que el gobierno cambie de opinión y valore las contribuciones de su comunidad.
“Huyen de la violencia, huyen de su terrible situación en casa y sin duda pueden establecerse aquí y participar en el tejido social de este país, contribuyendo positivamente a él”, dijo Fleurissaint.
Los abogados de los demandantes intentan que el juez emita una orden judicial en este caso antes del 24 de abril, fecha en que finaliza el programa de libertad condicional; de lo contrario, más de 500,000 personas tendrán que abandonar el país antes de esa fecha.
El jueves se celebrará una audiencia de seguimiento para debatir el programa de libertad condicional humanitaria para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
