El concejal de Cambridge, Paul Toner, fue señalado como uno de los presuntos clientes de una red de burdeles de lujo que operaba en Cambridge, Watertown y un suburbio de Washington, D.C., antes de ser arrestado en noviembre de 2023.
Toner no compareció personalmente ante el Tribunal de Distrito de Cambridge, pero estuvo representado por un abogado. Posteriormente, emitió una declaración a The Boston Globe: "Causé dolor a las personas que más quiero. Por eso, lo lamentaré eternamente. Este es un asunto legal en curso y no haré más comentarios por el momento".
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El abogado de Toner, Tim Flaherty, habló tras la audiencia de un hombre al que dijo conocer de toda la vida, y describió al concejal como "un hombre de gran carácter. Ama a su familia y su familia lo ama a él. Nadie es perfecto". Los investigadores federales habían descrito a los presuntos clientes como funcionarios electos, médicos, militares, contratistas del gobierno y otras personas con influencia y poder, pero no fueron identificados públicamente hasta la primera de una serie de audiencias en el tribunal de magistrados la semana pasada, algo que ya habían combatido en los tribunales.
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Un total de 10 hombres fueron identificados en el tribunal el viernes, la segunda de las tres audiencias previstas en el caso, lo que eleva el número total de presuntos compradores a 23.
Lorraine Belostock, abogada defensora que representó a algunos de los acusados en el tribunal el viernes, señaló: "Estas son meras acusaciones; todos mis clientes se presumen inocentes ante la ley y esperamos representarlos en el tribunal".
En una batalla que llegó hasta la Corte Suprema Judicial de Massachusetts, los abogados de los presuntos compradores lucharon por mantener los nombres de sus clientes fuera del ojo público durante las audiencias de justificación, que generalmente se celebran a puerta cerrada y solo se hacen públicas si un secretario judicial determina que existe suficiente causa probable para presentar cargos penales.
Para quienes están acusados, se ha programado una comparecencia formal, donde enfrentarán la acusación ante el tribunal.
En este caso, varios medios de comunicación, incluyendo NBC10 Boston, argumentaron que los casos debían celebrarse en público debido al alto interés público y para promover la transparencia del proceso. La jueza de Cambridge accedió en diciembre de 2023. Sin embargo, denegó una solicitud para que los documentos judiciales estuvieran disponibles antes del procedimiento.
Sin embargo, muchos de los presuntos clientes discreparon y finalmente llevaron el caso al Tribunal Supremo de Justicia (SJC), que dictaminó que la decisión original de la jueza debía mantenerse. En el dictamen, el tribunal escribió que ella "planteó legítimas preocupaciones públicas sobre el posible favoritismo y sesgo si dichas audiencias se celebraban a puerta cerrada, y que estas preocupaciones prevalecían sobre el interés en mantener el anonimato de los Doe".
Además, acordaron que la jueza actuó a su discreción al denegar el acceso a las solicitudes de denuncia pendientes.
La primera ronda de audiencias para demostrar la causa se celebró la semana pasada. Se leyeron los nombres en el tribunal, pero solo comparecieron dos de los 12 hombres que tenían audiencias programadas.
Las tres personas acusadas de dirigir la red —el presunto cabecilla, Han Lee, y el hombre acusado de concertar citas, Junmyung Lee, y James Lee, el hombre que les proporcionó los apartamentos que usaban en la red— se han declarado culpables.
