El viernes se celebró una tercera y última ronda de audiencias para los presuntos clientes de una red de burdeles de lujo que operaba en Cambridge, Watertown y un suburbio de Washington, D.C., antes de ser desmantelada en noviembre de 2023.
Hasta el viernes, se habían identificado 23 presuntos clientes, entre ellos el concejal de Cambridge, Paul Toner.
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Otros 10 hombres fueron identificados en el tribunal el viernes. Entre ellos se encontraban:
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- Amrit Chaudhuri, de Brookline
- Mitchell Rubenstein, de Chestnut Hill
- Marshall Berenson, de Cambridge
- Harmanpreet Singh, de Woburn
- Kenneth Posco, de Fitchburg
- George Wu, de Needham
- Patrick Enright, de Wakefield
- Suren Chelian, de Lexington
- Sankara Asapu, de Malden
- John Cascarano, de Hingham
Los investigadores federales habían descrito a los presuntos clientes del burdel como funcionarios electos, médicos, oficiales militares, contratistas del gobierno y otras personas en posiciones de influencia y poder, pero no fueron identificados públicamente hasta la primera de una serie de audiencias en el tribunal de magistrados hace dos semanas, algo que habían combatido en el tribunal.
En una batalla que llegó hasta la Corte Suprema Judicial de Massachusetts, los abogados de los presuntos compradores lucharon por mantener los nombres de sus clientes fuera del ojo público durante las audiencias de justificación, que suelen celebrarse a puerta cerrada y solo se hacen públicas si un juez de primera instancia determina que existe suficiente causa probable para presentar cargos penales.
Quienes resulten acusados tienen programada una lectura de cargos, donde enfrentarán la acusación ante el tribunal. Si bien muchos optaron por no comparecer a las audiencias de justificación, dejando en manos de sus abogados su defensa, toda persona acusada deberá asistir a la lectura de cargos.
En este caso, varios medios de comunicación, incluyendo nuestra cadena hermana NBC10 Boston, argumentaron que los casos debían celebrarse en público debido al alto interés público y para promover la transparencia del proceso. La jueza de primera instancia de Cambridge accedió en diciembre de 2023. Sin embargo, denegó una solicitud para que los documentos judiciales estuvieran disponibles antes del procedimiento.
Sin embargo, muchos de los supuestos compradores discreparon y finalmente llevaron el caso al Tribunal Supremo de Justicia (SJC), que dictaminó que la decisión original de la secretaria debía mantenerse. En su dictamen, el tribunal escribió que ella "planteó legítimas preocupaciones públicas sobre un posible favoritismo y sesgo si dichas audiencias se celebraban a puerta cerrada, y que estas preocupaciones prevalecían sobre el interés en mantener el anonimato de los Doe".
Además, coincidieron en que la magistrada secretaria actuó a su discreción al denegar el acceso a las solicitudes de queja pendientes, según lo escrito.
Las tres personas acusadas de dirigir la red -el presunto cabecilla, Han Lee, y el hombre acusado de concertar citas, Junmyung Lee, y James Lee, el hombre que proporcionaba los apartamentos que utilizaban en la red, se han declarado culpables.
