Tras una investigación federal que se extendió durante un año, las autoridades arrestaron a 18 personas que estarían relacionadas a una organización criminal en Massachusetts que vendía armas de fuego de manera ilegal, según la Fiscalía de los Estados Unidos.
Según los documentos de la acusación, la investigación identificó a ciudadanos brasileños en varias comunidades de Massachusetts que presuntamente han estado involucrados en la venta de diversos tipos de armas de fuego. Se alega, además, que algunas de las armas de fuego estaban vinculadas a actividades pandilleras que involucran a una organización criminal llamada Primeiro Comando da Capital, así como a pandillas locales más pequeñas, específicamente las bandas "Tropa de Sete" y "Trem Bala".
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De acuerdo con la fiscalía, Primeiro Comando da Capital fue fundada originalmente en el sistema penitenciario de São Paulo, Brasil, y es una de las organizaciones criminales más grandes de Brasil y Latinoamérica. Se alega que los miembros de Primeiro Comando da Capital y sus asociados son conocidos por cometer delitos violentos para apoyar a la organización, incluyendo asesinatos, robos a mano armada, secuestros y la coordinación de una operación transnacional de narcotráfico.
La fiscalía dijo que, hasta la fecha, se han incautado aproximadamente 110 armas de fuego, cantidades de tráfico de fentanilo y municiones en el curso de la investigación que comenzó en 2024. Las armas de fuego supuestamente recuperadas incluyen, entre otras, pistolas, rifles, rifles de cañón corto y escopetas que fueron traficadas principalmente desde áreas de Florida y Carolina del Sur a Massachusetts.
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Dieciocho ciudadanos brasileños han sido acusados por separado de delitos federales relacionados con armas de fuego durante la investigación. La fiscalía dijo que la mayoría de los acusados no tienen estatus legal en Estados Unidos y se encuentran en el país sin autorización. Fueron identificados como:
- Guilherme Fernandes Tavares, de 31 años, Marlborough, acusado de tráfico de armas de fuego sin licencia;
- Lucas Henrique Moreira De Paiva, de 22 años, Malden, Weymouth y Chelsea, acusado de tráfico de armas de fuego sin licencia;
- Víctor Eduardo Santos De Souza, de 21 años, Framingham y Revere, acusado de tráfico de armas de fuego sin licencia;
- Rafael Martins Ferreira, de 27 años, residía en Boston, acusado de tráfico de armas de fuego sin licencia;
- Riquelme Henrique De Aguilar Ferreira, de 21 años, residía en Framingham y Revere, acusado de tráfico de armas de fuego sin licencia;
- Lucas Ferreira-Da Silva, de 27 años, de Malden, acusado de tráfico de armas de fuego sin licencia;
- Floriano De Souza, de 50 años, residente ilegal en Yarmouth, acusado de conspiración para traficar armas de fuego sin licencia;
- Israel Yurisson Dos Santos, de 24 años, Marlborough, acusado de traficar armas de fuego sin licencia;
- Alason Ferreira-Peixoto, de 22 años, West Yarmouth, acusado de traficar armas de fuego sin licencia;
- Gideoni De Oliveira Moutinho, de 32 años, Malden, Weymouth y Chelsea, acusado de traficar armas de fuego sin licencia;
- Lucas Nascimento-Siva, de 27 años, West Yarmouth, acusado de traficar armas de fuego sin licencia;
- Vanderson Rocha Oliveira, de 31 años, Boston, acusado de traficar armas de fuego sin licencia;
- Joao Vitor Dos Santos Goncalves Pimenta, de 20 años, residente ilegal, residente en Malden, acusado de tráfico de armas de fuego sin licencia;
- Talles Provette De Faria, de 34 años, residente de Barnstable y Plymouth, acusado de tráfico de armas de fuego sin licencia y distribución de fentanilo;
- Patrick Rodrigues De Oliveira, de 34 años, residente de Framingham, acusado de tráfico de armas de fuego sin licencia;
- Marcos Paulo Silva, de 24 años, Boston, acusado de tráfico de armas de fuego sin licencia;
- Joao Victor Da Silva Soares, de 21 años, residente de Everett, acusado de conspiración para tráfico de armas de fuego sin licencia; y
- Kessi Jhonny Firmino Sales, de 23 años, West Yarmouth, acusado de un cargo de posesión ilegal de arma de fuego por parte de un inmigrante indocumentado.
Los cargos de tráfico de armas de fuego sin licencia y conspiración conllevan una pena de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000. El cargo de posesión de armas de fuego por un inmigrante indocumentado conlleva una pena de hasta 15 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000. Los acusados pueden ser deportados al cumplir la condena impuesta, dijeron los fiscales.
