DETROIT — Una británica de 60 años ingresó a un estacionamiento de Detroit una tarde reciente, bajó el vidrio de su camioneta, prestó juramento y se fue, como flamante ciudadana de Estados Unidos.
Todo el trámite tomó menos de media hora.
Anita Rosenberg es una de miles de personas de todo el país que completaron este mes su naturalización siguiendo las reglas asociadas con el brote de COVID-19, que transformaron lo que por mucho tiempo fue una ceremonia imbuida de solemnidad y patriotismo en algo parecido a una visita a un restaurante de comidas rápidas.
“Fue una experiencia bonita a pesar de que estaba sola, en mi auto, con un tapabocas”, expresó Rosenberg, gerenta de ventas de una empresa de repuestos electrónicos de Detroit. “Siempre la recordaré”.
En toda la nación se viven escenas como esta, aunque tal vez no por mucho tiempo más.
Inmigración
La agencia Servicios de Ciudadanía e Inmigración (conocida por sus siglas en inglés, USCIS) dice que problemas presupuestarios podrían obligarla a despedir a tres cuartas partes de su personal, afectando severamente sus operaciones en momentos en que decenas de miles de personas esperan hacerse ciudadanas.
Esto podría tener consecuencias políticas, sobre todo en estados como Michigan y la Florida, donde la cantidad de estadounidenses naturalizados supera el estrecho margen de victoria del presidente Donald Trump en las elecciones del 2016.
“No me sorprendería que haya cientos de miles de personas que no pueden votar en noviembre y que hubieran podido hacerlo si USICS hubiese estado funcionando normalmente”, expresó Randy Capps, del Instituto de Políticas Migratorias. “Esa es la inquietud de todos”.
La agencia que maneja las naturalizaciones no ha dicho qué hará si el Congreso no le aprueba un fondo de emergencia de $1,200 millones antes del 3 de agosto. Respondiendo por escrito a varias preguntas, indicó que “todas las operaciones se verán afectadas” si hay que licenciar al personal.
USCIS recauda los $4,800 millones de su presupuesto a partir de las tarifas que cobra a quienes quieren vivir o trabajar en el país.
Los ingresos ya habían mermado desde la llegada de Trump al gobierno pues tomó varias medidas para restringir la inmigración. Y el COVID-19 redujo a la mitad sus ingresos, según el organismo.
“El impacto de la pandemia del coronavirus es de largo alcance y generalizado”, afirmó el director interino de USCIS, Joseph Edlow.
La agencia propone devolver el dinero que reciba del Congreso con un sobrecargo del 10% para cubrir comisiones.
Si bien atribuye a la pandemia sus problemas financieros, expertos en inmigración y un sindicato de empleados de USCIS dicen que otros factores inciden, incluida la política del gobierno de asignar más recursos a la examinación de solicitudes y a la búsqueda de fraudes.
El gobierno, por otra parte, ha interrumpido una serie de programas, incluido el congelamiento de las visas H-1B para trabajadores especializados, que son una importante fuente de ingresos para USCIS.
“La agencia se ha alejado de su misión y se ha transformado en un organismo encargado de llevar adelante la agenda del gobierno de Trump”, dijo Diego Iñíguez-López, de la National Partnership for New Americans, organismo que promueve los intereses de los inmigrantes.
Dijo que 110,000 personas esperaban tomar la ciudadanía cuando se suspendieron las operaciones en persona en marzo por el virus. Indicó que espera ponerse al día con estas ceremonias para fines de julio, gracias en parte a ceremonias como la de Detroit.
Algunos legisladores plantean la realización de ceremonias virtuales, pero la agencia se resiste a hacerlo.
Hay una larga lista de 700,000 personas que pidieron la ciudadanía y que ahora deben esperar un promedio de 10 meses para completar el trámite, comparado con los seis meses del último año del gobierno de Barack Obama.
