SEATTLE, Washington — Una compañía penitenciaria privada deberá pagar más de 23 millones de dólares como parte de una serie de demandas en las que se le acusó de administrar sus centros de detención en el estado de Washington a expensas de los detenidos.
El juez federal de distrito Robert Bryan ordenó este martes a GEO Group pagar 5.9 millones de dólares de sus ganancias al estado de Washington. Bryan señaló que ese fue el monto con el que la compañía se enriqueció injustamente desde 2005 al pagarles un dólar diario a los detenidos que se ofrecían a realizar tareas de cocina y limpieza, en lugar del salario mínimo establecido por el estado.
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El fallo se produjo apenas tres días después de que un jurado ordenó el viernes a la empresa pagar 17.3 millones de dólares en salarios atrasados a los más de 10,000 reclusos y exreclusos del centro de detención del Noroeste, en Tacoma.
“Este es un triunfo histórico para los derechos de los trabajadores y la dignidad humana básica”, manifestó el secretario de Justicia del estado de Washington, Bob Ferguson, en un comunicado por escrito.
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Se presume que GEO apelará la decisión. La compañía, que no respondió a emails de The Associated Press en busca de comentarios, ha recibido permiso del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) para suspender su programa de empleo para detenidos hasta que se realice la apelación, según documentos de la corte.
Ferguson presentó la demanda en contra de GEO Group en 2017, asegurando que la compañía, con sede en Florida, había lucrado injustamente al operar el Programa de Trabajo Voluntario en el centro de detención. De otra manera, se habría tenido que contratar a trabajadores locales para realizar las labores que llevaban a cabo los detenidos, aseguró Ferguson, que es demócrata.
Abogados privados también presentaron ese año una demanda a nombre de los detenidos en busca de que les pagaran sueldos atrasados. El juez, que rechazó diversos intentos de GEO para desestimar las demandas, consolidó los casos con vistas al juicio.
El primer proceso concluyó en junio sin que el jurado alcanzara una decisión. El segundo terminó la semana pasada después de que el jurado determinara que GEO debió pagar el salario mínimo estatal, actualmente de 13.69 dólares por hora, y otorgar remuneración retroactiva.
Los abogados de GEO dejaron entrever que las demandas eran un ataque con motivos políticos contra su negocio. El estado de Washington sabía desde hace tiempo del programa de trabajo oara detenidos, pero no presentó la demanda hasta 2017 en medio del furor causado por las políticas de inmigración del entonces presidente Donald Trump.
La compañía sostuvo que los detenidos no eran empleados de acuerdo a la Ley de Salarios Mínimos de Washington. Incluso si lo hubieran sido, señaló la compañía, sería ilegalmente discriminatorio que Washington le exigiera a GEO pagar el salario mínimo cuando el estado no les paga el salario mínimo a los presos que trabajan en las prisiones o centros de detención de la entidad.
La definición de “empleado” según la ley de salarios mínimos de Washington es ambigua e incluye a cualquier persona a la que un empleador le permita trabajar sin importar su estatus migratorio o laboral. La ley establece que los residentes de “un centro de detención “estatal, de condado o municipal” no tienen derecho al salario mínimo por el trabajo que realicen.
El centro de detención de GEO no encaja en esa definición al ser una instalación privada con fines de lucro y no una “estatal, de condado o municipal”, arguyeron los abogados a nombre del estado y de los detenidos.
El centro de detención del Noroeste retiene a personas bajo custodia en lo que el gobierno federal decide sobre su deportación o revisar su estatus migratorio. El lugar tiene capacidad hasta para 1.575 detenidos, lo que lo convierte en una de las cárceles de inmigración más grandes del país, aunque su población se redujo considerablemente durante la pandemia.
En el primer juicio, GEO reconoció que pudo haberle pagado más a los detenidos de haberlo querido. En 2018, la compañía tuvo ganancias por 18.6 millones de dólares con la instalación. Le habría costado 3.4 millones pagar el salario mínimo a los detenidos.
Washington parece ser el único estado que ha demandado a un contratista de un centro privado de detención por no pagar el salario mínimo a los inmigrantes recluidos. Sin embargo, se han presentado demandas similares a nombre de inmigrantes detenidos en otros estados, como Nuevo México, Colorado y California, para obligar a GEO y otra compañía similar, CoreCivic, a pagar el salario mínimo a sus detenidos.
Una corte federal rechazó la demanda presentada por exreclusos en contra el centro de detención de CoreCivic, en Cíbola, Nuevo México, decisión que fue ratificada en marzo por el panel de una corte federal de apelaciones.
“Las personas bajo detención en custodia, como los apelantes, no se encuentran en una relación empleador-empleado sino en una relación entre la parte que recluye y el recluido”, escribió el panel.
