Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) iniciaron este viernes una huelga de hambre en Washington, D.C., para “presionar” a la administración del presidente Joe Biden por una acción “inmediata” que garantice la residencia permanente para las más de 400,000 personas bajo este programa.
Miembros de la Alianza Nacional del TPS, otros amparados y sus familiares llegaron cerca del mediodía hasta la plaza Black Lives Matter, frente a la Casa Blanca en el centro de la capital estadounidense, donde dieron a conocer su plan de huelga de hambre, que según indicaron continuará por 43 días, hasta el 30 de abril, cuando se cumplen los 100 primeros días del mandato de Biden.
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Una de sus principales promesas de campaña fue una reforma migratoria en este periodo.
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Los manifestantes, que llegaron a la ciudad desde todas partes del país y forman parte de distintos comités, se estarán rotando cada tres días, para así poder respetar las restricciones por el COVID-19. La protesta no violenta se llevará a cabo en Freedom Plaza.
“La idea es estar acá las 24 horas del día hasta que cumplamos nuestro periodo, el compromiso que tomamos”, explicó Felipe Arnoldo Díaz, miembro de la Alianza Nacional del TPS. “Cada quien hemos tomado un compromiso de tres días de huelga.”
Antes de comenzar oficialmente la huelga de hambre, los tres primeros participantes fueron examinados y a diario se les hará un seguimiento médico.
“Tres días de hambre son nada comparado a estar separada de mi familia”, dijo Rebecca Vásquez, quien nació en los Estados Unidos pero cuyos padres salvadoreños se encuentran protegidos por el TPS.
La acción se produce solo un día después de que la Cámara de representantes aprobara el American Dream & Promise Act (Acta de Promesa y Sueño Americano), una propuesta de ley que daría que facilitaría un camino a la ciudadanía para los "dreamers", los beneficiarios del TPS y los de Salida Forzada Aplazada (DED). El presidente Biden apoya el proyecto pero el futuro de la medida en el Senado permanece incierto.
Según la Alianza Nacional para el TPS, la huelga de hambre tiene cuatro demandas principales: en primer lugar, una tarjeta verde inmediata “por cualquier medio necesario”; en segundo, la completa restitución y ampliación del TPS para los 12 países originales que formaron parte del programa; en un tercero, llaman a que el Congreso apruebe una reforma migratoria, que Biden use su autoridad "robusta" bajo el estatuto de TPS para proteger a las familias inmigrantes, y que las cortes “reivindiquen” los derechos de las familias con TPS; y en un cuarto y último, exigen “justicia” para todas las comunidades migrantes en el hemisferio.
Más de 400,000 personas en el país viven actualmente amparadas bajo el TPS. La mayoría de los beneficiarios del TPS son salvadoreños (250,000), seguidos por hondureños (75,000) y haitianos (50,000). Más temprano este mes, la administración Biden anunció que miles de venezolanos ahora calificarían también para aplicar a este programa, aproximadamente unos 300,000.
El TPS, creado en 1990 por el Congreso estadounidense, concede permisos para permanecer en la nación a ciudadanos procedentes de naciones afectadas por conflictos bélicos, víctimas de violencia o desastres naturales. La protección, concebida en un principio como un alivio temporal, se ha extendido con el paso de los años, dejando a sus beneficiarios bajo una condición migratoria que les impide solicitar la residencia o la ciudadanía estadounidense.
El programa fue cancelado en mayo de 2018 por la administración Trump, que argumentó que este beneficio debía terminarse ya que los países que habían sufrido algún tipo de desastre natural o conflicto ya se habían recuperado. En octubre de 2019, el gobierno federal extendió la validez de los permisos de trabajos de muchos beneficiarios hasta enero de 2021 y en diciembre de 2020, se anunció una nueva ampliación del estatus hasta octubre de 2021.
