Una organización nacional latina de derechos legales y civiles ha demandado a instituciones financieras por supuestamente implementar políticas que discriminan a los beneficiarios elegibles de DACA al negarles préstamos y otros servicios basados en su estatus migratorio, según 10 demandas presentadas en los últimos siete años.
El Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación, más conocido como MALDEF, presentó sus dos demandas más recientes la semana pasada.
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"Es un gran problema", dijo Thomas Sáenz, presidente y consejero general de MALDEF, en una entrevista con NBC News el jueves. Además de las demandas que ya han presentado, MALDEF está investigando "al menos media docena más" de casos similares. "Cada vez que presentamos uno de estos casos, nos contacta gente diciendo: 'Oye, esto me pasó en otro banco o cooperativa de crédito'".
Casi 580,000 adultos jóvenes indocumentados, muchos de ellos latinos, que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños pueden trabajar y estudiar sin temor a la deportación bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA. Con la tarjeta de autorización de empleo y el número de la seguridad social que reciben bajo el programa de la era Obama, los beneficiarios de DACA pueden solicitar ciertos tipos de préstamos para comprar una casa o un auto, así como acceder a otros tipos de servicios financieros. Su estatus DACA debe renovarse cada dos años.
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El miércoles, MALDEF demandó a Noble Credit Union en nombre de un beneficiario de DACA de 28 años de edad, de California, a quien se le negó un préstamo de auto basado en los "requisitos limitados y arbitrarios de estatus migratorio" de la cooperativa de crédito, según la demanda obtenida por primera vez por NBC News el jueves.
Noemí Peraza López solicitó un préstamo de auto de $35,000 este verano pasado y obtuvo la aprobación de Noble, según la demanda, que todavía estaba siendo procesada, a la espera de la aceptación por el tribunal el jueves.
Noble luego negó el préstamo después de ver que la licencia de conducir de Peraza López establece que es para "plazo limitado", lo que significa que su renovación se alinea con el estado de renovación del beneficiario de DACA cada dos años.
Tras el incidente, Peraza López solicitó otro préstamo en otro banco y lo recibió. Pero los términos eran menos favorables que el que Noble aprobó y denegó inicialmente, lo que provocó que Peraza López "sintiera los efectos nocivos de la discriminación", según la demanda.
NBC News llamó a Noble Credit Union para solicitar comentarios el jueves por la tarde.
MALDEF presentó otra demanda el viernes pasado contra una cooperativa de crédito con sede en Oregón por "negar ilegalmente un préstamo con garantía hipotecaria a un beneficiario de DACA basado en su estatus migratorio", dijo la organización.
El demandante en el caso, Ismael Rodríguez Pérez, solicitó un préstamo con garantía hipotecaria en una sucursal de First Tech Federal Credit Union en California el verano pasado. El beneficiario de DACA, de 31 años, fue informado inicialmente de que había sido aprobado para el préstamo, según la demanda. Pero la cooperativa de crédito condicionó la aprobación a que Rodríguez Pérez tuviera una tarjeta verde, que sólo tienen los residentes permanentes, no los beneficiarios de DACA.
Más tarde, a Rodríguez Pérez se le negó el préstamo después de que un representante de First Tech le dijo que su tarjeta de autorización de empleo -que había utilizado previamente para comprar una casa en el estado de Washington, obtener empleo y abrir varias cuentas bancarias y de jubilación- sería insuficiente por sí sola para obtener el préstamo, alega la demanda.
"Solicité un préstamo convencido de que, como contribuyente y propietario, cumplía los requisitos. Me denegaron el préstamo basándose en mi condición de inmigrante y a pesar del valor de mi vivienda y de mi solvencia. Semejante discriminación es sencillamente incorrecta", afirmó en un comunicado Rodríguez Pérez, científico especializado en materiales de baterías.
Desde que DACA comenzó en 2012, este sector de la población ha aportado $108 mil millones a la economía estadounidense, así como $33 mil millones en impuestos combinados, según el grupo de defensa de la inmigración FWD.us.
"He sido un beneficiario de DACA durante más de una década y constantemente me recuerdan que no soy totalmente aceptado en esta notable nación", agregó Rodríguez Pérez.
First Tech Federal Credit Union dijo a NBC News en un comunicado el miércoles por la noche que "no participa en la discriminación ilegal contra los solicitantes de préstamos."
"Si bien ahora estamos al tanto de la demanda, la cooperativa de crédito aún no ha sido notificada con la demanda o notificada de otra manera", dice la declaración. "Como resultado, acabamos de iniciar la investigación de las reclamaciones y no estamos en condiciones de evaluar las acusaciones contenidas en el artículo o proporcionar más comentarios sobre este litigio pendiente."
2017 marcó la primera vez que MALDEF desafió legalmente a una institución financiera por discriminar a los beneficiarios de DACA en función de su estatus migratorio.
Ese año, MALDEF demandó a Wells Fargo, argumentando que las políticas del banco que inhabilitaban a los beneficiarios de DACA para obtener tarjetas de crédito y préstamos al consumo sin garantía violaban las leyes federales y estatales de derechos civiles. Wells Fargo llegó a un acuerdo en la demanda colectiva en 2020 y se le exigió pagar más de $18.7 millones a los beneficiarios de DACA afectados y cambiar sus políticas de préstamos.
'Falta de concienciación'
El año pasado se alcanzaron acuerdos en otros tres casos similares que implicaban a un banco con sede en Utah y a dos cooperativas de crédito, una con sede en Chicago y otra en California. Sáenz dijo que el caso del banco "ha terminado y se ha distribuido el dinero" a los miembros de la demanda colectiva. Los casos de las cooperativas de crédito se encuentran en distintas fases del proceso de aprobación del acuerdo.
La semana pasada, se llegó a "una resolución confidencial" en otra demanda presentada por MALDEF en nombre de un beneficiario de DACA de Tampa, Florida. Según la demanda presentada en octubre de 2022, a Nanci Palacios Godinez se le negó una tarjeta de crédito en GTE Federal Credit Union porque no era residente permanente. GTE ha negado todas las acusaciones presentadas en la demanda.
Otros dos casos siguen en "negociaciones activas", dijo Sáenz.
"La razón por la que estos casos tienden a resolverse es que, a menudo, parece que se trata de políticas antiguas que nunca se han cuestionado", dijo Sáenz. "Cuando tienes ese contexto de acuerdos rápidos, significa que simplemente hay una falta de conciencia en los altos niveles de estas instituciones sobre lo que hacen sus políticas de larga data".
Cuando surgieron estos casos, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y el Departamento de Justicia publicaron una declaración conjunta en la que advertían a acreedores y prestatarios de que basarse en exceso en el estatus migratorio en el proceso de decisión crediticia "puede ir en contra de las disposiciones antidiscriminatorias de la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito y también podría violar otras leyes".
Parte de la razón por la que MALDEF sigue llevando estos casos es "obtener una sentencia definitiva" de la Corte Suprema ya que las leyes federales no son muy claras en lo que se refiere a cuestiones de discriminación basada en el estatus migratorio o contra subgrupos de inmigrantes, dijo Sáenz.
"Si no podemos obtener un fallo definitivo, entonces lo mejor sería conseguir que el Congreso sea más claro", dijo. "Una declaración clara del Congreso de que la discriminación contra subgrupos de inmigrantes es ilegal (…) evitaría la discriminación potencial contra una gran clase de residentes condicionales que están en proceso de legalización", no solo los beneficiarios de DACA.
