Yolanda Vásquez con los detalles.
NUEVA YORK - La oficina del fiscal de distrito de Manhattan dijo que el juez de Nueva York a cargo del caso de pago por silencio del presidente electo Donald Trump puede posponer la sentencia hasta que se resuelvan otros desafíos legales, aunque se oponen a cualquier esfuerzo por anular la condena, según documentos judiciales presentados el martes.
El juez de Nueva York Juan M. Merchán, que presidió el histórico juicio de Trump, tenía previsto decidir la semana pasada si anulaba el veredicto del jurado y ordenaba un nuevo juicio, o incluso desestimaba los cargos por completo. También se esperaba que el fallo del juez se refiriera a si el ex y ahora futuro comandante en jefe sería sentenciado según lo programado el 26 de noviembre. Tanto la Fiscalía como la defensa le habían pedido más tiempo. Merchan les dio una semana.
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En última instancia, él es quien debe decidir cómo proceder.
El equipo de Trump quiere que se desestime el caso. La Fiscalía dice que tiene intención de presentar una moción en contra.
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Un portavoz de Trump declaró la victoria sobre la presentación del fiscal de distrito.
“Esta es una victoria total y definitiva para el presidente Trump y el pueblo estadounidense que lo eligió por una mayoría aplastante”, dijo Steven Cheung, director de comunicaciones de Trump, en un comunicado. “El fiscal de distrito de Manhattan ha admitido que esta cacería de brujas no puede continuar. El caso ilegal ahora está suspendido y el equipo legal del presidente Trump está trabajando para que se desestime de una vez por todas”.
Documento de la Fiscalía para el juez Juan M. Merchan
Trump recuperó la Casa Blanca hace una semana, pero la cuestión legal se refiere a su condición de expresidente, no de presidente inminente.
Un jurado condenó a Trump en mayo por falsificar registros comerciales relacionados con un pago de $130,000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels en 2016. El pago fue para comprar su silencio sobre las afirmaciones de que tuvo relaciones sexuales con Trump.
Trump dice que no lo hicieron, niega haber actuado mal y sostiene que el procesamiento fue una táctica política destinada a dañar su última campaña.
Poco más de un mes después del veredicto, la Corte Suprema dictaminó que los expresidentes no pueden ser procesados por acciones que tomaron mientras gobernaban el país, y los fiscales no pueden citar esas acciones ni siquiera para reforzar un caso centrado en asuntos puramente personales.
Los abogados de Trump citaron el fallo para argumentar que el jurado que pidió silencio obtuvo algunas pruebas que no debería tener, como el formulario de declaración financiera presidencial de Trump y el testimonio de algunos asesores de la Casa Blanca.
Los fiscales no estuvieron de acuerdo y dijeron que la evidencia en cuestión era sólo “una porción” de su caso.
La condena penal de Trump fue la primera para cualquier expresidente. Dejó al mandatario de 78 años enfrentando la posibilidad de recibir castigos que van desde una multa o libertad condicional y hasta cuatro años de prisión.
El caso se centró en cómo Trump justificó el reembolso a su abogado personal del pago a Daniels.
El abogado, Michael Cohen, adelantó el dinero. Posteriormente lo recuperó mediante una serie de pagos que la empresa de Trump registró como gastos legales. Trump, para entonces en la Casa Blanca, firmó él mismo la mayoría de los cheques.
Los fiscales dijeron que la designación tenía como objetivo encubrir el verdadero propósito de los pagos y ayudar a encubrir un esfuerzo más amplio para evitar que los votantes escuchen afirmaciones poco halagadoras sobre el republicano durante su primera campaña.
Trump dijo que a Cohen se le pagó legítimamente por sus servicios legales y que la historia de Daniels fue suprimida para evitar avergonzar a la familia de Trump, no para influir en el electorado.
Trump era un ciudadano privado (hacía campaña para presidente, pero no fue elegido ni juró) cuando Cohen le pagó a Daniels en octubre de 2016. Era presidente cuando Cohen recibió el reembolso, y Cohen testificó que discutieron el acuerdo de pago en la Oficina Oval.
Trump ha estado luchando durante meses para revocar el veredicto y ahora podría intentar aprovechar su condición de presidente electo. Aunque fue juzgado como un ciudadano privado, su próximo regreso a la Casa Blanca podría impulsar a un tribunal a intervenir y evitar el espectáculo sin precedentes de sentenciar a un ex y futuro presidente.
Si bien instó a Merchan a rechazar la condena, Trump también ha estado tratando de llevar el caso a un tribunal federal. Antes de las elecciones, un juez federal dijo repetidamente que no a la medida, pero Trump apeló.
