WASHINGTON — La comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes pudo haber estructurado un posible caso penal en contra de Donald Trump, pero en realidad eso no hace que el expresidente esté más cerca de enfrentar un proceso judicial.
El Departamento de Justicia ya ha estado realizando su propia investigación a gran escala en torno a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal y a los intentos de Trump y sus aliados de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
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El fiscal especial a cargo de dicha pesquisa no ha dado indicios de qué cargos podría presentar, pero no está obligado a tomar en cuenta la recomendación penal de la comisión ni a seguir el plan de procesamiento que presentó el panel.
EL COMITÉ QUE INVESTIGÓ EL ATAQUE AL CAPITOLIO SUGIRIÓ QUE TRUMP ENFRENTE CARGOS PENALES
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“Esto es histórico: que una comisión del Congreso haya recomendado cargos penales en contra de un expresidente, pero no cambia el hecho fundamental de que el Departamento de Justicia será el que decida a quién se le deben formular cargos”, comentó Ronald Weich, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore y exasistente del fiscal general para asuntos legislativos de la agencia.
“El Departamento de Justicia no debe ser influenciado por ninguna otra rama del gobierno”, añadió.
El panel refirió a Trump para un posible proceso penal por cuatro infracciones penales, relacionadas a la revuelta como tal y a sus intentos de aferrarse al poder.
Estas incluyen acusaciones de que contribuyó a la insurrección, conspiró para defraudar a Estados Unidos al intentar evitar la transferencia de poderes, conspiró para hacer una declaración falsa mediante un supuesto plan que involucraba a los llamados “electores falsos”, y obstruyó un procedimiento oficial: el conteo de votos electorales por parte del Congreso.
Al menos algunos de estos posibles cargos abarcan áreas generales que se sabe que el Departamento de Justicia ya está investigando.
Por ejemplo, la fiscalía emitió en junio una serie de citaciones a republicanos que se desempeñaron como “electores falsos” en estados reñidos que ganó Trump.
El expresidente y sus allegados presionaron a las autoridades en dichos estados para reemplazar a los electores de Biden con los suyos con base en acusaciones engañosas o inexistentes de que se le robó la victoria.
El estatuto de mayores consecuencias que invocó la comisión es el que penaliza el incitar o colaborar a una insurrección o rebelión en contra del gobierno. El estatuto prohíbe que cualquiera que sea declarado culpable ocupe nuevamente un cargo de elección popular.
Se desconoce con qué tanta seriedad considerará el Departamento de Justicia dicho estatuto, el cual no ha sido utilizado en ninguno de los más de 900 procesos federales contra los involucrados en el asalto al Capitolio.
En el resumen ejecutivo del reporte, la comisión afirma que Trump fue responsable directo de convocar a sus simpatizantes, quienes posteriormente irrumpieron en el recinto de Washington.
Además, resalta cómo es que un juez federal determinó que el discurso del entonces presidente ante una multitud de partidarios ese mismo día “plausiblemente” condujo a la revuelta.
Pero la insinuación por parte de la comisión de que se podría responsabilizar a Trump por su falta de acción durante el asalto, incluyendo el no haber desplegado a las fuerzas armadas al Capitolio o esperar horas para pedirle a la multitud que se dispersara, podría tener sentido “a nivel intuitivo”, pero es una teoría que posiblemente el Departamento de Justicia tome con cautela, comentó Rory Little, profesor en la Facultad de Derecho Hastings de la Universidad de California, campus San Francisco.
“El peligro de esa idea, quedarse quieto y observar cómo se produce una insurrección, cuando se podría hacer algo al respecto, es un precedente bastante peligroso”, señaló. “El derecho penal estadounidense no suele castigar a la gente que se queda mirando”.
Aun así, es casi seguro que las remisiones penales aceleren las exigencias por parte de los demócratas y de la opinión pública para que el secretario de Justicia Merrick Garland actúe, ya que ven la remisión, y las pruebas que la acompañan, como una guía para el enjuiciamiento.
