NUEVA YORK -- El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández era considerado por Estados Unidos un aliado crucial en la guerra contra las drogas. Ahora, los fiscales federales lo acusan de gobernar su nación como un “narcoestado” al recolectar millones de dólares de violentos cárteles para financiar su ascenso al poder.
Casi dos años después de su detención y extradición a Estados Unidos, Hernández compareció el martes ante un tribunal federal de Manhattan por cargos relacionados con tráfico de drogas y armas. Se ha elegido un jurado y las declaraciones iniciales estaban previstas para el miércoles, en un juicio que el juez P. Kevin Castel prevé que durará entre dos y tres semanas.
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Es una estrepitosa caída en desgracia para un dirigente político a quien gobiernos tanto demócratas como republicanos consideraban beneficioso en la lucha contra el narcotráfico y para ayudar a detener las olas de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.
El hecho de que Hernández sea juzgado en Estados Unidos y no en su país natal subraya la debilidad institucional de la nación centroamericana, afirmó Raúl Pineda Alvarado, un analista político hondureño y exlegislador por el Partido Nacional, al cual pertenecía Hernández.
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“Para los hondureños, significa la demostración de lo débil de nuestra democracia, entendida como división de poderes", dijo Pineda Alvarado. "Los políticos no están sujetos a ningún control”.
Según las autoridades federales, durante casi dos décadas, Hernández obtuvo ganancias del comercio de cientos de toneladas de cocaína introducidas en Estados Unidos, y en ocasiones incluso colaboró con el poderoso cártel mexicano de Sinaloa.
Los millones de dólares procedentes del narco que Hernández empezó a recibir alrededor de 2004 sirvieron a su vez para financiar su ascenso, desde legislador que representaba a una provincia rural en el occidente de Honduras hasta presidente del Congreso Nacional, y luego dos periodos presidenciales de 2014 a 2022, de acuerdo con la fiscalía.
A cambio de los sobornos que apuntalaron sus aspiraciones políticas, dicen los fiscales, los narcotraficantes tenían permitido operar en el país con impunidad casi total: recibían información que les permitía evadir a las autoridades e incluso escoltas policiales para sus envíos.
Durante su primera campaña presidencial triunfante, Hernández recibió 1.6 millones de dólares de un traficante para financiar dicha campaña y las de otros políticos de su partido conservador.
Su hermano recibió una donación de 1 millón de dólares del célebre capo de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, con la promesa de que los envíos del cártel tendrían paso libre por Honduras si Hernández resultaba elegido.
Los fiscales federales en Nueva York dedicaron años a investigar las organizaciones hondureñas del narco hasta llegar a la persona que muchos creían estaba en la cumbre: Hernández.
Fue arrestado en su casa en la capital hondureña de Tegucigalpa en febrero de 2022, tres meses después de finalizar su mandato presidencial, y extraditado a Estados Unidos en abril de ese mismo año.
El secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo entonces que Hernández abusó de su cargo como presidente “para operar el país como un narcoestado”.
Los abogados de Hernández declinaron hacer comentarios antes del juicio, en el que se espera que los fiscales se basen en el testimonio de narcotraficantes y de funcionarios de las fuerzas de seguridad y políticos corruptos de Honduras.
El expresidente, que obtuvo un máster en la Universidad Estatal de Nueva York, campus Albany, ha defendido firmemente su inocencia, y afirma que las acusaciones son una venganza de narcotraficantes a los que había extraditado a Estados Unidos.
Hernández enfrenta cargos federales que incluyen asociación delictuosa para el tráfico de drogas y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.
Mientras tanto, en las últimas semanas, sus coacusados —el exjefe de la policía nacional hondureña, Juan Carlos Bonilla, y el primo de Hernández, Mauricio Hernández Pineda— se declararon culpables de cargos de narcotráfico en el mismo tribunal de Manhattan donde se está celebrando su juicio.
El editor de The Associated Press Christopher Sherman contribuyó a este despacho desde Ciudad de México.
