Estados Unidos restringió el lunes las visas a cerca de 300 ciudadanos de Guatemala, entre ellos más de un centenar de congresistas y empresarios que “socavan la democracia”, en momentos en que la fiscalía de la nación centroamericana avanza con investigaciones y plantea la posibilidad de anular los resultados de los comicios presidenciales que fueron certificados por la máxima autoridad electoral.
Numerosos países de todo el mundo y organismos internacionales han condenado con fuerza y han considerado como un intento de golpe de Estado las acciones del Ministerio Público de Guatemala a casi un mes de la fecha pautada para la asunción del presidente electro Bernardo Arévalo.
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El gobierno del presidente Joe Biden no reveló los nombres de los guatemaltecos sancionados. Las leyes de Estados Unidos consideran la información de visado como confidencial y por tanto no puede ser difundida de manera pública.
“Estas acciones fueron tomadas para restringir la emisión de visas a funcionarios guatemaltecos actuales o anteriores y a otras personas que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia o el Estado de Derecho en ese país”, expresó a la AP un portavoz del Departamento de Estado que pidió no ser identificado siguiendo la política del gobierno.
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La victoria de Arévalo y su partido Movimiento Semilla representa una amenaza para quienes han ejercido durante años el poder en Guatemala. Su campaña anticorrupción ha sido blanco de ataques durante meses, incluidos arrestos de miembros del partido, redadas y repetidos pedidos de poner fin a su inmunidad para poder investigarlo.
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Arévalo ha denunciado que las medidas son “un golpe al corazón de nuestra democracia” y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, ha asegurado que los resultados de los comicios son irreversibles y que el presidente y vicepresidenta electos deberán tomar posesión el 14 de enero, pues de lo contrario “habría un rompimiento del orden constitucional”.
La comunidad internacional viene denunciando la situación de Guatemala desde hace tiempo, pero las voces de condena se levantaron aún más después que a finales de noviembre diputados oficialistas y aliados lograran 107 de 160 votos para retirarle la inmunidad a cuatro magistrados electorales.
La fiscalía había requerido investigarlos por supuestamente sobrevalorar la compra del software que dio los resultados rápidos y paralelos de las elecciones generales.
Varios congresistas denunciaron que se estaba negociando para comprar los votos necesarios para retirarles la inmunidad. Los cuatro magistrados titulares abandonaron el país tras la decisión del Congreso.
El mismo día, el 30 de noviembre, los mismos legisladores aprobaron el presupuesto nacional que había sido denunciado por Arévalo por considerar que colocaba candados para evitar que cumpliera sus promesas de campaña. El presidente electo también lo había rechazado por conceder a entidades como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia aumentos de fondos a cambio de mantener inmunidades.
La OEA consideró las acciones de la fiscalía como un “golpe de Estado” y su misión electoral en Guatemala ha expresado “extrema preocupación”, por lo que considera como “una alteración clara del proceso y un desconocimiento a la expresión del voto y la voluntad popular”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en tanto, adoptó una resolución que alerta sobre la “inminente ruptura del orden constitucional debido al abuso del poder” y llamó a garantizar mecanismos de rendición de cuentas y de selección de jueces en base a méritos y sin injerencias políticas.
Las restricciones de visas impuestas por Washington incluyen también a familiares de los funcionarios, empresarios y congresistas, informó el Departamento de Estado.
Las medidas son parte de una política de restricciones de visa anunciada en 2021 para funcionarios y personas de Guatemala, Honduras o El Salvador que se cree son responsables o cómplices de socavar la democracia. Con este tipo de acciones el gobierno estadounidense busca apoyar a ciudadanos, organizaciones, negocios y al público en general de los países de Centroamérica.
Las acciones de la fiscalía “constituyen una evidencia de su claro intento de deslegitimizar las elecciones libres y justas de Guatemala e impedir una transición pacífica del poder”, agregó el Departamento de Estado en un comunicado.
Además de las acciones contra el presidente electo, mencionó otras acciones antidemocráticas, entre ellas la eliminación de la inmunidad a magistrados electorales, la persecución a miembros de la oposición, la intimidación a manifestantes, allanamientos a instalaciones donde se guardan registros electorales y la apertura de urnas.
“La población guatemalteca ha hablado” con su voto, indicó el gobierno de Biden en el comunicado. “Sus voces deben ser respetadas”.
