Hace cuatro años, el asesinato de George Floyd por parte de un oficial de policía de Minneapolis sacudió a Estados Unidos: el video de Derek Chauvin apretando su rodilla sobre el cuello del afroamericano durante más de 9 minutos le dio la vuelta al mundo.
Las protestas estallaron en todo el país, en donde se replicó la súplica de Floyd de "No puedo respirar" en casi todos los estados y la presión sobre el Departamento de Policía de Minneapolis se hizo insostenible hasta que los oficiales implicados fueron acusados y condenados.
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Chauvin paga una sentencia de 22 años y medio de cárcel por el asesinato de Floyd el 25 de mayo del 2020. Con buen comportamiento, el exoficial podría ser puesto en libertad condicional después de cumplir dos tercios de su condena, o unos 15 años.
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Pero en los años transcurridos desde entonces, algunos de esos esfuerzos de cambio, como la Ley federal de justicia policial George Floyd, se han estancado. En varios estados, los llamados a aprobar reformas de la justicia penal para abordar las disparidades raciales que duran décadas se han estancado o han sido respondidos con retórica y políticas duras contra el crimen.
En los últimos años, muchos estados conservadores (y algunas partes progresistas del país) han aprobado políticas duras contra el crimen.
En Georgia, los legisladores revocaron las reformas de justicia penal de 2018, que fueron apoyadas por los republicanos, y agregaron requisitos de fianza en efectivo para 30 nuevos delitos este año. En Tennessee, los legisladores aprobaron un proyecto de ley para bloquear algunas reformas relacionadas con la forma en que la policía maneja las detenciones de tránsito, incluida una ley de Memphis promulgada tras el asesinato de Tire Nichols, un joven negro que murió después de que varios agentes de policía lo golpearan violentamente.
El gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, promulgó un controvertido proyecto de ley de justicia juvenil que permite al estado procesar a niños de hasta 10 años acusados de delitos graves. Oregon aprobó un proyecto de ley que repenaliza la posesión de pequeñas cantidades de drogas, una medida que revierte partes clave de una ley anterior que hacía justo lo contrario.
El el lado opuesto, Los críticos de los enfoques duros contra el crimen señalan a Florida como la zona cero de las nuevas medidas. Allí, el gobernador republicano Ron DeSantis ha defendido y firmado varios proyectos de ley relacionados con la policía. Esas medidas incluyen una ley “antidisturbios” que puede restringir las protestas, que actualmente está envuelta en una impugnación legal ante la Corte Suprema estatal
Mientras tanto, se espera que otras dos leyes, una que limita el poder de las juntas de revisión civil de la policía en el estado, y otra que exige que cualquier persona que observe o grabe a los socorristas se mantenga a 25 pies de distancia cuando se le solicite, entren en vigor a finales de este año en Florida.
Por su parte, Philonise Floyd, hermano de George Floyd, y su esposa Keeta fundaron una organización de derechos civiles y ahora trabajan con muchas otras familias afectadas por la violencia policial. Dijeron que están decididos a seguir luchando en nombre de George Floyd mientras su pequeña hija, Gianna, crece sin un padre.
"Parece que ahora todo el mundo está tratando de esconderlo debajo de la alfombra lo mejor que podemos porque ya no hablamos de ello", dijo Keeta Floyd. “Como, 'Oh, ya no están tan enojados como solían estar'. Pero nosotros sí. Perdimos a George”.
Su marido se hizo eco de esos sentimientos. "Voy a seguir convirtiendo mi dolor en un propósito", dijo Philonise Floyd. “Y este proyecto de ley debe aprobarse porque toda la sangre de mi hermano está en este proyecto de ley. … Al final del día, si quieres hacer un cambio, muéstramelo”.
