AUSTIN, Texas - El Departamento de Justicia demandó el miércoles a Texas por una nueva ley que permitiría a la policía detener a los inmigrantes que entren ilegalmente en Estados Unidos, llevando de nuevo a los tribunales al gobernador republicano Greg Abbott por su creciente respuesta a los que cruzan la frontera procedentes de México.
La demanda lleva a Texas a otro enfrentamiento sobre inmigración en un momento en el que Nueva York y Chicago están haciendo retroceder a los autobuses y aviones que transportan a inmigrantes enviados por Abbott a ciudades de todo el país gobernadas por demócratas. Texas también está librando batallas judiciales separadas para mantener el alambre de púas en la frontera y una barrera flotante en el Río Grande.
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Pero una ley que Abbott firmó el mes pasado plantea un desafío mayor y más amplio a la autoridad del gobierno estadounidense sobre la inmigración. Además de permitir a la policía de cualquier lugar de Texas detener a inmigrantes acusados de entrada ilegal, la ley -conocida como Proyecto de Ley 4 del Senado- también otorga a los jueces la autoridad para ordenar a los inmigrantes que abandonen el país.
La demanda pide a una corte federal de Austin que declare inconstitucional la ley de Texas. Califica la medida de violación de la Cláusula de Supremacía, que establece que, en la mayoría de los casos, las leyes federales prevalecen sobre las estatales.
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"Texas no puede gestionar su propio sistema de inmigración", afirma el Departamento de Justicia en la demanda. "Sus esfuerzos, a través de la SB 4, se entrometen en la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular la entrada y expulsión de no ciudadanos, frustran las operaciones y procedimientos de inmigración de Estados Unidos e interfieren en las relaciones exteriores de Estados Unidos".
La oficina de Abbott no respondió inmediatamente a un correo electrónico en busca de comentarios.
Está previsto que la ley entre en vigor en marzo. Organizaciones de derechos civiles y funcionarios del condado de El Paso, Texas, presentaron el mes pasado una demanda que describía de forma similar la nueva ley como una extralimitación inconstitucional.
El Departamento de Justicia envió a Abbott una carta la semana pasada amenazando con acciones legales a menos que Texas diera marcha atrás. En respuesta, Abbott publicó en X que el gobierno de Biden "no sólo se niega a aplicar las actuales leyes de inmigración de Estados Unidos, sino que ahora quiere impedir que Texas aplique las leyes contra la inmigración ilegal".
El miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y unos 60 compañeros republicanos visitaron la ciudad fronteriza texana de Eagle Pass, que ha sido el centro de la iniciativa fronteriza de $10,000 millones de Abbott, conocida como Operación Estrella Solitaria. Johnson sugirió que podría utilizar el inminente vencimiento del plazo de financiación del gobierno para impulsar políticas fronterizas de línea dura.
El presidente Joe Biden se ha mostrado dispuesto a hacer concesiones políticas porque el número de migrantes que cruzan la frontera es un reto cada vez mayor para su campaña de reelección de 2024. Johnson elogió a Abbott, que no estaba en Eagle Pass, y criticó las demandas que pretenden deshacer las agresivas medidas fronterizas de Texas.
"Es una locura absoluta", dijo Johnson.
Los cruces ilegales a lo largo de la frontera sur de EEUU superaron los 10,000 en varios días de diciembre, una cifra que el Comisionado de Aduanas y Patrulla Fronteriza de EEUU, Troy Miller, calificó de "sin precedentes". Las autoridades estadounidenses cerraron los pasos ferroviarios de carga en Eagle Pass y El Paso durante cinco días el mes pasado, como respuesta al gran número de migrantes que viajaban en trenes de carga a través de México hacia la frontera.
Las autoridades también reanudaron esta semana las operaciones completas en un puente en Eagle Pass y otros cruces en San Diego y Arizona que habían sido cerrados temporalmente.
Expertos jurídicos y opositores afirman que la nueva ley de Texas es el intento de mayor alcance por parte de un Estado de vigilar la inmigración desde la ley de Arizona de 2010, que fue parcialmente anulada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Esa ley había tipificado como delito estatal la estancia en Estados Unidos sin estatus legal y otorgaba a la policía algunas competencias en materia de inmigración. Una sentencia del Tribunal Supremo de 2012 afirmó que la aplicación de la ley de inmigración es competencia exclusiva del gobierno federal.
Con arreglo a la ley de Texas, los inmigrantes podían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o ser procesados por un delito menor de entrada ilegal. Los migrantes que no abandonen el país podrían ser detenidos de nuevo por delitos más graves.
