WASHINGTON DC - La Corte Suprema de Justicia inició este lunes un nuevo curso judicial que promete captar la atención de la sociedad estadounidense con casos sobre el acceso al aborto, el derecho a portar armas y hasta el programa de torturas de la CIA.
Este lunes, los nueve jueces del máximo tribunal volvieron a la corte tras 18 meses de ausencia por la pandemia y dieron por inaugurado el curso judicial.
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No pudo asistir el magistrado conservador Brett Kavanaugh, que recientemente dio positivo al COVID-19 pese a estar vacunado.
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Kavanaugh es uno de los tres jueces conservadores que colocó en la Corte Suprema el ahora expresidente Donald Trump, algo que sirvió para inclinar la balanza a favor de los conservadores.
Actualmente, la corte está compuesta por seis magistrados conservadores y tres considerados progresistas.
MISSISSIPPI CONTRA EL DERECHO AL ABORTO
El caso más relevante que tendrá que ver escuchar la Corte Suprema en este periodo afecta a los derechos reproductivos de las mujeres y tiene como protagonista a Mississippi. Ese estado quiere revivir un proyecto de ley que aprobó su parlamento estatal en 2018 para prohibir los abortos después de las 15 semanas de gestación.
Cortes de menor instancia han impedido que esa norma entre en vigor porque consideran que va contra el precedente legal que estableció en 1973 el tribunal supremo en el caso "Roe vs. Wade", en el que reconoció que una mujer puede acabar con su embarazo en los primeros seis meses de gestación.
Ahora Mississippi está pidiendo a la Corte Suprema que anule ese precedente legal, lo que permitiría a cada estado prohibir o permitir el aborto a su antojo.
Hasta ahora, la Corte Suprema había defendido el precedente legal de "Roe vs. Wade", pero recientemente permitió que entrara en vigor una ley de Texas que prácticamente acaba con el derecho al aborto al prohibir esa intervención a las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres ni siquiera saben si están embarazadas.
Debido a ese cambio de actitud, organizaciones defensoras del aborto tienen la vista puesta en el 1 de diciembre, cuando la Corte Suprema escuche el caso.
PORTAR ARMAS EN PÚBLICO EN NUEVA YORK
Antes, sin embargo, el 3 de noviembre, los jueces escucharán los argumentos de un grupo respaldado por la poderosa Asociación Nacional del Rifle que quiere anular una ley de Nueva York, en la que se establece que quienes llevan su arma en público deben obtener un permiso especial.
Nueva York es junto a California uno de los estados con leyes más estrictas para limitar quién puede llevar un arma en público, algo que está permitido casi sin restricciones en la mayoría de los estados.
LAS TORTURAS DE LA CIA
Otro de los casos que promete captar la atención del público es el del polémico programa de torturas que la CIA creó para interrogar a sospechosos de terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Este mismo miércoles, el gobierno del presidente Joe Biden intentará convencer a la Corte Suprema de que no debe permitir que dos contratistas de la CIA testifiquen en Polonia sobre su papel en la tortura de Al-Abidin Husayn, conocido como Abu Zubaydah y que sigue preso en Guantánamo sin que se hayan formulado cargos en su contra.
EL MARATÓN DE BOSTON
Asimismo, el 13 de octubre, el gobierno de Biden pedirá al máximo tribunal que vuelva a imponer la pena de muerte a Dzhokhar Tsarnaev, uno de los autores del atentado del maratón de Boston de 2013, en el que tres personas murieron y 260 resultaron heridas, de las cuales 17 sufrieron serias amputaciones.
Tsarnaev fue condenado a 20 cadenas perpetuas además de a la pena de muerte, pero un tribunal de apelaciones de Massachusetts eliminó el castigo de la pena capital, algo que recurrió el gobierno de Trump y posteriormente el de Biden pese a que el actual presidente se opone a ese tipo de condenas.
Desde que la Corte Suprema reintrodujo en 1976 la pena de muerte, han sido ejecutadas en EEUU 1,535 personas.
LA RELIGIÓN Y LA EDUCACIÓN ESCOLAR
Un caso de Maine le da a la Corte Suprema otra oportunidad para sopesar los derechos religiosos en el área de educación. El estado excluye a las escuelas religiosas de programas de cuotas de matrícula para familias que viven en pueblos sin escuelas públicas.
Desde incluso antes de la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, el máximo tribunal del país ha estado en favor de los reclamos de discriminación por motivos de religión y la expectativa entre los expertos legales es que prevalecerán los padres en Maine que entablaron demandas para poder usar el dinero de los contribuyentes en escuelas religiosas, aunque no está claro cuán amplio sería el fallo de la Corte.
ACCIÓN AFIRMATIVA
La ley de Acción Afirmativa, que permite el uso de la raza para decidir matrículas como forma de ofrecer oportunidades a las minorías, no está aún en la agenda, pero pudiera llegar este término en una demanda por el uso de raza en las matrículas en la Universidad de Harvard.
Tribunales inferiores ratificaron la política de la escuela, pero esa es otra causa en la que el cambio de composición de la Corte pudiera resultar decisivo. La Corte ratificó las políticas de Acción Afirmativa hace cinco años, pero eso fue antes de que los tres nominados de Trump le dieran al máximo tribunal una inclinación conservadora.
