NUEVA YORK - El juez George Daniels, del Distrito Sur de Nueva York, frenó el viernes la nueva regla de carga pública impulsada por la Administración del presidente Donald Trump.
Los estados de Nueva York, Connecticut, Vermont y la ciudad de Nueva York presentaron la moción de orden judicial preliminar el 9 de septiembre.
La regla, que entraría en vigor el 15 de octubre, dificulta que los inmigrantes obtengan la residencia permanente y la ciudadanía si dependen de beneficios públicos como Medicaid, cupones de alimentos y asistencia para la vivienda.
En su decisión, el juez Daniels escribió: “La regla es simplemente una nueva política de exclusión que busca justificar la Administración. Repugna el sueño americano de la oportunidad de prosperidad y éxito a través del trabajo duro y la movilidad ascendente. Los inmigrantes siempre han venido a este país en busca una vida mejor para ellos y sus descendientes. Con o sin ayuda, la mayoría tiene éxito”.
Varios estados y grupos de defensa han presentado un total de nueve demandas contra la regla de carga pública desde que la administración finalizó la directriz el 14 de agosto.
Kenneth Cuccinelli, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, dijo en una conferencia de prensa el 19 de agosto que el propósito de la regla es garantizar que los inmigrantes sean "autosuficientes".
La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes.
EEUU
Los defensores de la inmigración criticaron la norma como discriminatoria contra las comunidades de bajos ingresos y las personas de color.
"Los ataques deliberados de la Administración de Trump para castigar a los inmigrantes y las personas de color de la clase trabajadora son inhumanos e ilegales", dijo en un comunicado Javier H. Valdés, codirector ejecutivo del grupo de defensa Make the Road. "Los tribunales deben actuar ahora para proteger nuestro sistema legal de inmigración y evitar este cambio de reglas".
El grupo fue parte de las organizaciones que presentaron el caso en la corte federal.
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, informó el viernes a través de un tuit que la corte federal de Manhattán frenó la norma.
"Los tribunales han frustrado los intentos de la administración Trump de promulgar normas que violen nuestras leyes y nuestros valores, al enviar un mensaje claro de que no pueden reescribir nuestra historia para cumplir con su agenda", expresó James en un comunicado.
"Mientras nuestras comunidades estén bajo el ataque de este gobierno federal, nunca dejaremos de contraatacar", añadió.
La regla restringe el acceso a la residencia a quienes hayan hecho uso de algún tipo de beneficio del gobierno, como cupones de alimentos o cobertura de salud gratuita a través de programas locales.
"Esta regla habría tenido efectos devastadores en los neoyorquinos y en nuestro país y la decisión de hoy es un paso crítico en nuestros esfuerzos por defender el estado de derecho", aseguró la fiscal James en su cuenta de Twitter.
La entrada en vigencia de la nueva política del gobierno Trump programada para la próxima semana desató una serie de demandas desde Nueva York hasta California. Algunos de los demandantes son estados, condados, municipalidades, proveedores de servicios e inmigrantes.
CALIFORNIA TAMBIÉN FRENA LA NUEVA NORMA
El viernes por la tarde, el juez Phyllis J. Hamilton emitió una orden judicial preliminar en un caso anunciado por el fiscal general de California Xavier Becerra. El estado se unió a Maine, Oregón, Pensilvania y Washington, D.C., en la demanda.
En la decisión de California, el juez Hamilton escribió que los condados y los estados lograron demostrar una probabilidad de daño irreparable "con base en la pérdida de fondos de Medicaid del gobierno federal y el aumento de los costos operativos que probablemente tengan".
"Esos daños se derivan directamente de la cancelación de la inscripción de personas que buscan atención médica en sus jurisdicciones, que residen en sus jurisdicciones y se inscriben en ciertos otros beneficios públicos en sus jurisdicciones", escribió el juez.
"El fallo de la corte de hoy detiene el intento despiadado de la Administración de Trump de convertir en arma los programas esenciales de salud, vivienda y nutrición", dijo Becerra en un comunicado. "Este fallo es una victoria para las comunidades de California que merecen prosperar, no vivir con miedo".
La regla es un paso agresivo del gobierno de Trump para tratar de reescribir las políticas de inmigración de la nación centrándose en negar el estatus de residente permanente a muchos inmigrantes legales a través de lo que se considere "carga pública".
Actualmente, los inmigrantes legales que buscan convertirse en residentes permanentes (un paso preliminar a la naturalización) deben demostrar que no serán un problema para el país o una carga pública, lo que en la práctica se entiende como principalmente dependiente de ayuda de dinero en efectivo, subsidios de ingreso o asistencia pública de largo plazo.
De entrar en vigencia, el gobierno federal negará permisos de residencia a quienes reciban uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en un período de tres años. Esto también aplicaría a los que paguen impuestos.
De acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, unas 544,000 personas solicitan la residencia legal permanente cada año y de estas, unas 382,000 son de categorías que podrían calificar como carga pública.
