Le pedimos a una economista que contestara algunas de las preguntas más buscadas en Google sobre el programa de Seguro Social.
Es posible que la Administración del Seguro Social no podrá pagar la totalidad de los beneficios de jubilación tan pronto como en 2033, según las proyecciones actuales de los organismos fiduciarios del programa.
Si el Congreso no adopta medidas para solucionar la situación antes de esa fecha, la previsión general es que millones de jubilados sufran un recorte generalizado de las prestaciones del 21%.
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Los efectos de esa pérdida de ingresos podrían ser suficientes para desencadenar una crisis de jubilación, ya que duplicaría la tasa de pobreza de las personas mayores y reduciría los ingresos medios de los hogares de la tercera edad en casi un 14%, según un nuevo estudio del American Enterprise Institute.
Sin embargo, estos recortes no tendrían por qué producirse necesariamente, ya que los peores efectos de la insolvencia podrían evitarse con medidas ejecutivas, según el informe.
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En lugar de recortar las prestaciones de forma generalizada, se podrían reasignar para evitar que aumente la pobreza de los trabajadores con menos ingresos, con un efecto mínimo en la clase media, según Andrew Biggs, investigador del AEI y coautor del informe junto con Kristin Shapiro, asesora de BakerHostetler.
"Supone grandes recortes para los más ricos, pero evita lo que podría considerarse una crisis de la jubilación, en la que todo se trastorna", dijo Biggs.
Por qué los fondos fiduciarios del Seguro Social se enfrentan a fechas de agotamiento
El pago de los beneficios del Seguro Social proviene de múltiples fuentes: los ingresos continuos procedentes de los impuestos sobre la nómina y sobre la renta, así como los fondos fiduciarios que se utilizan para complementar los cheques mensuales que reciben los beneficiarios.
Sin embargo, a medida que aumenta el número de personas que cobran prestaciones de jubilación de la Seguridad Social, el fondo fiduciario utilizado para pagar dichas prestaciones se va agotando. La fecha de agotamiento, actualmente 2033, representa el momento en que se agotará el fondo.
En ese momento, se espera que se pague el 79% de esas prestaciones.
El Seguro Social tiene más de un fondo fiduciario, incluido uno que paga a los trabajadores jubilados, sus familias y supervivientes, y un segundo que paga las prestaciones por incapacidad.
Juntos, esos fondos fiduciarios tienen una fecha prevista de agotamiento de 2035, cuando se pagaría el 83% de las prestaciones. Según el informe del AEI, aunque la fusión de los fondos podría proporcionar una pista de aterrizaje financiera adicional, no está permitida por la legislación vigente.
Cómo se podrían evitar amplios recortes de los beneficios
A medida que se acercan las elecciones de noviembre, los expertos esperan en general que un nuevo presidente y un nuevo Congreso aborden la solvencia de la Seguridad Social.
"Preferimos con mucho que el Congreso promulgue reformas integrales del Seguro Social antes de 2033", dice el informe del AEI.
Cuanto antes actúe el Congreso, mejor será para todos los beneficiarios implicados, para darles más certidumbre, dijo Shai Akabas, director ejecutivo del Programa de Política Económica del Bipartisan Policy Center. Según una encuesta reciente del Nationwide Retirement Institute, el 72% de los adultos temen que el Seguro Social se quede sin fondos a lo largo de su vida.
El recorte generalizado de las prestaciones de aproximadamente el 21% es "insostenible e insostenible, tanto desde el punto de vista político como financiero, desde la perspectiva de los hogares", afirmó Akabas.
Sin embargo, según Biggs y Shapiro, si los legisladores no llegan a un acuerdo antes de la fecha de agotamiento, el presidente podría tomar medidas para proteger a los beneficiarios de los peores efectos de los recortes subsiguientes.
Una vez que llegue la fecha de agotamiento - tanto si sigue siendo 2033 como si se traslada a otro año - el presidente de turno podría pasar a limitar las prestaciones mensuales a unos $2,050, propone el informe del AEI.
Ese cambio reduciría los pagos a los beneficiarios que reciban más de esa cantidad y haría solvente el Seguro Social sin añadir nueva deuda ni aumentar los impuestos.
Al mismo tiempo, aproximadamente la mitad de los jubilados y supervivientes seguirían percibiendo la totalidad de sus prestaciones. Según el estudio, ningún jubilado se vería abocado a la pobreza.
Si se sobrepasara la fecha de agotamiento del fondo, los legisladores se enfrentarían a una situación sin precedentes.
Lo que ocurriera después dependería de la interpretación del derecho constitucional. Eso podría dar lugar a litigios, señala el informe, incluso por parte de beneficiarios que podrían no recibir las prestaciones que se les prometieron.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Lorie Konish para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.
