Las pequeñas empresas y sus propietarios podrían enfrentar multas de $10,000 o más si no cumplen con un nuevo requisito de presentación de informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos antes de fin de año, y la evidencia sugiere que muchas aún no lo han hecho.
La Ley de Transparencia Corporativa, aprobada en 2021, creó el requisito. La ley tiene como objetivo frenar las finanzas ilícitas al solicitar a muchas empresas que operan en EEUU que reporten su información de propiedad a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro, también conocida como FinCEN.
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Muchas empresas tienen como fecha límite el 1 de enero de 2025 para presentar su reporte inicial de información de propiedad efectiva (BOI).
Esto se aplica a aproximadamente 32.6 millones de empresas, incluidas ciertas corporaciones, compañías de responsabilidad limitada y otras, según estimaciones federales.
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El Departamento del Tesoro no respondió a la solicitud de comentarios de CNBC sobre la cantidad de informes BOI que se han presentado hasta la fecha.
Los datos ayudan a identificar a las personas que directa o indirectamente poseen o controlan una empresa, lo que hace que sea “más difícil para los malos actores ocultar o beneficiarse de sus ganancias mal habidas a través de empresas fantasma u otras estructuras de propiedad turbia”, según FinCEN.
“El anonimato corporativo permite el lavado de dinero, el tráfico de drogas, el terrorismo y la corrupción”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un anuncio de enero sobre el lanzamiento del portal BOI.
Aquí está el truco: las empresas y los propietarios que no presenten la declaración pueden enfrentar sanciones civiles de hasta $591 por día por cada día que continúe su violación, según FinCEN. Esa suma se ajusta por inflación. Además, pueden enfrentar hasta $10,000 en multas penales y hasta dos años de prisión.
“Para una pequeña empresa, de repente te enfrentas a una multa que podría hundir tu negocio”, dijo Charlie Fitzgerald III, un planificador financiero certificado con sede en Orlando, Florida, y miembro fundador de Moisand Fitzgerald Tamayo.
El gobierno federal había recibido alrededor de 9.5 millones de solicitudes hasta el 1 de diciembre, según las estadísticas que FinCEN proporcionó a la oficina del representante French Hill, republicano de Arkansas, quien ha pedido la derogación de la Ley de Transparencia Corporativa. La oficina de Hill proporcionó los datos a CNBC.
Esa cifra es aproximadamente 30% del total estimado.
FinCEN estaba recibiendo un volumen de aproximadamente 1 millón de nuevos informes por semana a principios de diciembre, dijo la oficina de Hill.
Muchas empresas pueden no estar al tanto
Un "beneficiario real" es una persona que posee al menos 25% de los intereses de propiedad de una empresa o tiene "control sustancial" de la entidad, según FinCEN.
Las empresas deben reportar información sobre sus beneficiarios reales, incluido el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección y la información de un documento de identidad como una licencia de conducir o un pasaporte, además de otros datos.
Las empresas que existían antes de 2024 deben presentar su informe antes del 1 de enero de 2025. Las creadas en 2024 tienen 90 días calendario a partir de la fecha efectiva de constitución o registro; las creadas en 2025 o después tienen 30 días.
Hay múltiples excepciones al requisito: por ejemplo, aquellas con más de $5 millones en ventas brutas y más de 20 empleados a tiempo completo pueden no necesitar presentar un informe.
Muchas empresas exentas, como grandes empresas, bancos, cooperativas de crédito, entidades exentas de impuestos y servicios públicos, ya proporcionan datos similares.
Brian Nelson, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro, dijo en una entrevista en el Hudson Institute en febrero que la agencia estaba "presionando a toda máquina" para difundir el conocimiento sobre el registro BOI, que se inauguró el 1 de enero.
Pero parece que muchos dueños de empresas no están cumpliendo con el requisito o no son conscientes de él, a pesar de los esfuerzos de divulgación.
El alcance del cumplimiento nacional es “sombrío”, dijo a principios de octubre la Asociación de Corporaciones S de Estados Unidos, un grupo comercial empresarial.
La “gran mayoría” de las empresas aún no había presentado un informe, “lo que significa que millones de propietarios de pequeñas empresas y sus empleados se convertirán en delincuentes de facto a principios de 2025”, dijo.
Está en el aire las sanciones
Sin embargo, la situación no es tan sombría, dijeron otros.
Por un lado, un tribunal federal de Texas bloqueó temporalmente el 3 de diciembre al Departamento del Tesoro para que no hiciera cumplir las normas de presentación de informes de la BOI, lo que significa que la agencia no puede imponer sanciones mientras el tribunal realiza una revisión más exhaustiva de la constitucionalidad de la norma.
“Las empresas aún deberían presentar su información”, dijo Erica Hanichak, directora de asuntos gubernamentales de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa. “La fecha límite en sí no ha cambiado. Solo cambia la aplicación de la ley”.
Se espera que el gobierno apele y la aplicación de la ley “podría reanudarse” si se revoca la orden judicial, escribieron los abogados del bufete Fredrikson.
Además, el Tesoro dijo que solo impondría sanciones a una persona o empresa que “viole deliberadamente” los requisitos de presentación de informes de BOI.
La agencia no está dispuesta a “hacer cumplir la ley de manera inesperada”, dijo Hanichak.
“FinCEN entiende que este es un nuevo requisito”, dijo FinCEN en una sección de preguntas frecuentes. “Si corrige un error u omisión dentro de los 90 días posteriores a la fecha límite para la presentación de informes, puedes evitar ser sancionado. Sin embargo, puedes recibir sanciones civiles o delictivas si no cumple con sus obligaciones de informar sobre su titularidad real".
Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Greg Iacurci para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.
