LOS ÁNGELES — O.J. Simpson falleció el jueves sin haber pagado buena parte de los $33.5 millones otorgados por un jurado civil de California a los deudos de su exesposa Nicole Brown Simpson y de Ron Goldman, amigo de la mujer.
Exonerado en un juicio penal, Simpson fue encontrado por los jurados en 1997 responsable de una muerte indebida, tras una demanda civil.
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Ahora el público podrá echar un vistazo más cercano a las finanzas de Simpson. Y las familias tendrán más probabilidades de cobrar, si es que hay algo que quede como herencia.
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Ya sea que Simpson haya escrito o no un testamento y sin importar lo que éste diga, sus activos casi seguramente pasarán por lo que se conoce como un proceso sucesorio en una corte, antes de que sus cuatro hijos u otros herederos puedan quedarse con cualquier bien.
Diferentes estados tienen leyes testamentarias distintas. En general, el caso se presenta en el estado donde residía la persona fallecida. En el caso de Simpson, se trata de Nevada.
Pero si hay activos significativos en California o Florida, donde vivió también en varias ocasiones, podrían surgir casos distintos ahí.
La ley de Nevada indica que una herencia debe ir a las cortes si sus activos rebasan los $20,000 o si está involucrado cualquier inmueble. Y esto debe hacerse en los primeros 30 días posteriores al deceso.
Si una familia no presenta documentos ante el juzgado, los propios acreedores pueden comenzar el proceso.
Una vez que el caso llegue a la corte, los acreedores pueden buscar una parte de los activos. Las familias Goldman y Brown no estarán en condiciones igualitarias respecto de otros acreedores y tendrán probablemente un reclamo más sólido.
Bajo la ley de California, los acreedores que tienen un derecho de retención por un fallo, como es el caso de los denunciantes en el caso de muerte indebida, cuentan con garantías para el pago de deuda. Tienen por lo tanto prioridad sobre aquellos con una deuda no garantizada.
Y están en una mejor posición para recibir su pago respecto de la que tenían antes de la muerte del acusado.
Arash Sadat, abogado de Los Ángeles que se especializa en disputas de propiedad, consideró “100% mejor" para el demandante que el deudor haya fallecido y que el dinero esté en un proceso testamentario.
Añadió que su despacho llevó un juicio en que sus clientes obtuvieron un fallo de $9 millones, apelado por el deudor y postergado en numerosas ocasiones.
“Él hizo todo lo que podía para evitar el pago de esta deuda”, relató Sadat. “Tres o cuatro años después, falleció. Y en semanas, los herederos entregan un cheque por $12 millones, los $9 millones más intereses que se habían acumulado en este tiempo”.
El albacea tiene un mayor incentivo para resolver las deudas que la persona viva.
“Es por eso que ves que pasan más estas cosas”, dijo Sadat.
Pero desde luego, ello no significa que viene un pago.
“Sí creo que será algo difícil que ellos reciban esto”, opinó el abogado Christopher Melcher. “No sabemos cuánto ha podido ganar O.J. en los últimos años”.
Ni Sadat ni Melcher están involucrados con los herederos de Simpson ni con el caso en la corte.
Simpson decía que vivía gracias a sus pensiones, privadas y de la NFL. Cientos de pertenencias valiosas le fueron incautadas como parte del fallo del jurado.
Y el otrora astro del fútbol americano fue obligado a subastar su Trofeo Heisman, con lo cual reunió $230,000.
Fred Goldman, padre de Goldman y el demandante principal, dijo que el problema no fue nunca el dinero, sino responsabilizar a Simpson. El jueves, en un comunicado, afirmó que con la muerte de Simpson, “se ha ido la esperanza de una verdadera rendición de cuentas”.
Hay formas en que una persona puede usar los fideicomisos establecidos durante su vida, así como otros métodos, para cerciorarse de que los herederos a quienes elija reciban los bienes tras la muerte. Si ese fideicomiso es irrevocable, puede ser especialmente fuerte.
Pero las transferencias de activos a otros, realizadas para eludir a los acreedores, pueden considerarse fraudulentas. Y los denunciantes como las familias Goldman y Brown pueden presentar demandas civiles separadas que incluyan esos activos en la disputa.
